dori300x185Adoración Guamán10/01/2016 – Entre las líneas rojas de las negociaciones en curso entre los partidos políticos con opciones de gobierno no ha aparecido la cuestión del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión que viene negociándose entre Estados Unidos y la UE (TTIP), un tema también ausente en los grandes debates de la campaña electoral.

Evitar afrontar la cuestión del TTIP puede ser la vía más sencilla para conformar el próximo Gobierno, pero la indefinición no es sostenible y planteará problemas derivados de las distintas posiciones que, respecto del Tratado, mantienen los partidos que pretenden coaligarse.

Repasando los programas de las fuerzas políticas que hoy son mayoritarias en el Congreso, es evidente que hay dos partidos plenamente a favor (PP y Ciudadanos) y uno que apoya sin fisuras la firma del Tratado pero reivindica cambios en su contenido, aunque sin cuestionar el fondo, como es el PSOE. En la oposición frontal al acuerdo UE-EEUU se encuentra Podemos que, junto con Izquierda Unida, ha mantenido el rechazo de manera constante en el Parlamento Europeo, impulsando también mociones en contra del TTIP en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. Así, el posicionamiento de una coalición de derechas respecto del Tratado estaría claro, pero no el de una posible coalición de carácter progresista.

En este último supuesto, evitar la cuestión del TTIP en las negociaciones para la creación de la coalición podría plantear problemas, tanto de manera inmediata como a medio plazo. De hecho, independientemente de que un futuro gobierno progresista no deseara adoptar una postura frontal al Tratado desde su investidura, hay decisiones que son impostergables y que atañen al curso y al contenido de las negociaciones. En primer lugar, sería necesario redefinir de inmediato la postura que está manteniendo la Secretaría de Estado de Comercio dirigida por Jaime García-Legaz, exasesor de Aznar, exsecretario general de FAES y conocido por sus presuntos negocios con el tristemente famoso “pequeño Nicolás”. No cabe duda de que García-Legaz es un entusiasta defensor del Tratado y lleva dos años dedicado a desarrollar una campaña publicitaria del TTIP. No en vano su Secretaría ha publicado diversos documentos promocionando su firma sin que sea posible encontrar en su web una sola crítica al Tratado. Es más, en los últimos meses el eje de la publicidad del Tratado es un informe sobre sus alegados beneficios desde el punto de vista económico y laboral, financiado por la CEOE y la Cámara de Comercio, que el Gobierno y la UE están utilizando como “oficial” a pesar de su dudosa independencia.

El cambio de rumbo de la política respecto del TTIP de esta Secretaría de Estado es fundamental, no solo porque desde la ciudadanía nos merecemos una información completa sobre esta cuestión, sino porque la Secretaría se encarga de proponer las excepciones que desde España pretenden imponerse frente a la liberalización de servicios que establecerá el TTIP. Debe tenerse en cuenta que, aunque las partes negociadoras son la UE y EEUU, cada Estado miembro de la Unión está participando activamente en el establecimiento de un listado de excepciones a la liberalización de servicios, utilizándose un método de negociación llamado “lista negativa”. Según el documento publicado por la Comisión que contiene la oferta de negociación de la UE y sus Estados a EEUU, las excepciones que ha establecido España ascienden a 55; un número reducido si las comparamos con las 103 reservas francesas, las 124 de Austria, las 100 italianas, etc.

Por añadidura, y bajando brevemente al detalle, vemos que Francia ha establecido excepciones como la que señala que “el establecimiento de empresas estadounidenses agrícolas y la adquisición de viñedos por inversores estadounidenses estará sujeto a autorización”, mientras que España no ha incluido ni una sola mención relativa a este respecto. Si miramos los servicios relacionados con la educación primaria, vemos que numerosos países europeos han establecido restricciones, incluso totales, a la libertad de acceso al mercado de escuelas privadas estadounidense. En Italia, por ejemplo, se exige el requisito de nacionalidad para los proveedores de servicios de educación primaria a los que se autorice la expedición de títulos reconocidos por el Estado. España no ha introducido ninguna previsión particular para proteger los derechos de los consumidores en el ámbito educativo, ni en primaria ni en secundaria. Si se llega a firmar el TTIP, la mayoría de las excepciones de esta lista serán inamovibles, congelando a futuro la máxima liberalización querida por el otrora secretario general de FAES.

Otro de los retos a los que se enfrentará el próximo Gobierno es el establecimiento de una postura coherente respecto del sistema de resolución de controversias Inversor-Estado (ISDS). El Partido Socialista ha sido un firme defensor del TTIP en el Parlamento Europeo, aunque ha exigido a la Comisión diversos cambios relativos a una mayor transparencia y a la introducción de variaciones en el controvertido ISDS. Buscando mantener el apoyo al TTIP que la “Gran Coalición” -conformada fundamentalmente por el Partido Popular Europeo y los socialistas- manifestó en el mes de julio, la comisaria de Comercio e Interior no tardó en proponer una variación del sistema de arbitraje, que ahora pasaría a denominarse Investment Court System (ICS). Este nuevo sistema ha sido ya públicamente apoyado por los socialistas europeos, quienes de nuevo se posicionan con los populares. En cambio, otros partidos como Podemos o IU han mantenido el rechazo a esta nueva propuesta que sostiene de manera invariable tanto los objetivos como los posibles resultados del mecanismo de arbitraje: sigue siendo una vía paralela y privilegiada para que los inversores extranjeros protejan sus inversiones, eludiendo la normativa estatal y los tribunales nacionales.

Evidentemente, ninguna coalición de gobierno debería permitirse mantener dos posturas enfrentadas respecto de algo tan fundamental como este tipo de arbitraje, que no solo es una afrenta al Estado de Derecho sino al mantenimiento de los derechos sociales y medioambientales. Como muestra de su importancia podemos resaltar un acontecimiento reciente: la empresa canadiense TransCanada Corporation ha iniciado el procedimiento de arbitraje previsto en el Tratado de libre comercio de América del Norte (NAFTA) para demandar a EEUU por valor de 15 billones de dólares. El motivo de la demanda es el bloqueo de la administración Obama a la construcción del oleoducto Keystone XL, admitiendo así las razones y la fuerte presión del movimiento ecologista.

El corto plazo también va a plantear un tercer y decisivo reto: la aprobación del Tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA). Tanto el Gobierno canadiense como la Comisión están acelerando el procedimiento para la ratificación del CETA, que todo parece indicar que se realizará en el año 2016 y exclusivamente en sede de la UE, sin que los Estados miembros -y su ciudadanía- sean consultados. Las campañas contra el TTIP y contra el CETA ya están orientando su actividad a denunciar que el contenido del Tratado UE-Canadá es incluso más duro que el propuesto para el TTIP, incluyendo la versión antigua del ISDS, por lo que la paralización o reapertura de las negociaciones del CETA se plantea como fundamental. ¿Cuál sería la postura de una coalición de progreso al respecto? ¿Podría mantenerse un voto divergente en el Parlamento Europeo que permitiera la entrada en vigor del Tratado UE-Canadá con todas sus nefastas consecuencias?

Por si esto fuera poco, las decisiones a adoptar respecto del TTIP en el largo plazo serán transcendentales: ¿se opondrá el representante del Gobierno español en el Consejo a la aprobación del TTIP? ¿votarán los socialistas con los populares en el Parlamento Europeo a favor del Tratado? ¿convocará un posible presidente del Gobierno investido por la coalición un referéndum para que las y los ciudadanos podamos decidir al respecto?

Tal vez sean demasiadas preguntas si se quiere conseguir una coalición a cualquier precio. Pero tal vez sean los interrogantes imprescindibles que deberían despejarse si se quiere conseguir un Gobierno de cambio, progreso y transformación, que responda a los intereses y necesidades de las mayorías sociales.