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Albiol: “El voto sobre el CETA demuestra que la gran coalición PP-PSOE opera también en Europa”

24/11/2016 La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha afirmado este miércoles que la votación en la que se decidía si enviar el acuerdo comercial entre la UE y Canadá (CETA) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determinara si es compatible con los Tratados, ha demostrado que “la gran coalición que conforman Partido Popular y Partido Socialista en el Estado español, opera también en Europa”.

La eurodiputada ha criticado que los socialistas españoles, que se mostraron a favor el pasado lunes de mantener un debate sobre este tema, “hayan antepuesto nuevamente los intereses de las empresas multinacionales a los de la mayoría” y hayan votado en masa en contra de que sea el TJUE el que decida el futuro del CETA.

“El PSOE que ha votado hoy en contra de la resolución que apoyamos más de un centenar de eurodiputados del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica, Los Verdes y algunos socialdemócratas, es el PSOE que le dio el Gobierno a Mariano Rajoy en el Estado”, ha dicho.

El mismo PSOE que “por un lado, se dice a favor de los trabajadores, de los derechos laborales, de la agricultura sostenible, de las renovables, de los servicios públicos, de las PYMEs y que, por otro, aprueba y promueve ciegamente tratados comerciales que van en contra de todo eso”.

“Propusimos que el TJUE evaluara la compatibilidad del CETA con los Tratados de la Unión”, pero “el PSOE se opone porque pretende, como sus socios conservadores, aprobarlo de cualquier forma y lo más rápido posible, sin pensar en las consecuencias que tendrá para los 500 millones de europeos y europeas”. “Han perdido otra oportunidad y, sinceramente, no creemos que les queden muchas”, ha añadido.

En concreto, ha explicado, “la resolución pretendía aclarar el papel de los tribunales de arbitraje” y “la regulación especial que se le dará a determinadas empresas para operar en los Estados de la UE”.

“Llevan meses diciéndonos que el CETA es un tratado progresista y que, según ellos, respeta la legislación de la UE y no es una amenaza para la soberanía. Nos preguntamos entonces qué miedo tienen a que sea el Tribunal europeo competente el que lo diga”, ha sostenido.

“Creemos, más bien, que hay demasiados intereses económicos en juego y las grandes corporaciones, como vimos con la decisión de Rajoy, no esperan. El PSOE ha vuelto a obedecer a sus amos”, ha sentenciado.


Albiol: “La votación sobre el CETA pone de nuevo a prueba la coherencia y la credibilidad de los socialdemócratas”

  – La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, cree que el Grupo Socialdemócrata (S&D) de la Eurocámara tiene mañana ante sí “una nueva prueba de coherencia” en la votación que decidirá si el acuerdo comercial entre la UE y Canadá (CETA) debe ser enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para comprobar su compatibilidad con los Tratados de la Unión. “Su credibilidad está en juego”, ya que “llevan meses diciéndonos que el CETA es el acuerdo comercial más progresista y garantista que haya firmado la UE en toda su historia”, por lo que, “no deberían negarse a que lo revise el TJUE”, ha dicho.

Si se niegan a que vaya al TJUE, tal y como pide la resolución que ha sido firmada por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (GUE), entonces “estarán demostrando una vez más que el único interés que les mueve a apoyar este acuerdo es el que les une con las grandes corporaciones”.

En concreto, dicha resolución, promovida por el GUE/NGL y otros grupos del Parlamento Europeo expresa serias dudas sobre la compatibilidad del CETA con el artículo 19 del Tratado de la UE y los artículos 49, 54, 56, 267 y 340 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Ayer, conservadores, liberales y parte de los socialdemócratas se negaron a que hubiera un debate antes de la votación, pero el hecho de que el S&D se dividiera significa, para Albiol, que “comienza a abrirse una brecha en el rodillo de la Gran Coalición”.

“Ayer quedó patente que, a pesar de que la mayoría de la Cámara sigue poniendo encima de la mesa su animadversión por la democracia, se podría decir que está abriéndose una brecha. Por eso estaremos atentos al voto del S&D y, en concreto, al de los socialistas españoles, que sólo tienen dos opciones: seguir optando por un modelo cada vez más neoliberal, o empezar a revertirlo”, ha avisado.

Entre los diputados del Estado que votaron en contra de que se desarrollara el debate están los representantes del Partido Popular, de Ciudadanos, de Convergència, del Partido Nacionalista Vasco y de UPyD. “Son responsables de haber hurtado un debate legítimo que, hay que recordar, va en la línea del que se está planteando el Tribunal Constitucional Federal alemán”, que aún debe pronunciarse sobre el CETA.

Además, ha recordado, “estas dudas no se restringen a Alemania”, sino que “en breve se plantearán también en países como Irlanda”, al tiempo que “la mayor parte de la asociaciones europeas de la judicatura están cuestionando profundamente la legalidad del CETA”.

Las dudas en torno a la compatibilidad de CETA con los Tratados expresadas en la resolución tienen que ver con el papel del propio TJUE con respecto a los tribunales de arbitraje, así como aspectos relativos a la legislación por la que deben regirse las empresas que se instalan en los Estados miembros de la UE y sobre la prestación de servicios.

“Es un tema importante puesto que se puede poner en entredicho toda la arquitectura del CETA”, ha explicado Albiol, que ha insistido en que la votación de mañana será la expresión de dos modelos para Europa.

“Mientras unos defendemos una UE basada en la soberanía popular, los servicios públicos y los derechos laborales, enfrente tenemos un bloque que pretende acabar con esto para siempre a través de la eliminación de la capacidad regulatoria de los Estados, entregando así la soberanía a las grandes corporaciones”, ha dicho.

“Su oposición a la democracia ha acabado con el debate y si pretenden que no haya un pronunciamiento legal sobre un tratado que alterará las bases de nuestros Estados de manera permanente, deben saber que seguiremos movilizados” en las calles y en el Parlamento. Albiol ha llamado así a seguir adelante con la campaña contra unos acuerdos comerciales “opacos” que “supondrán una merma real en los derechos y condiciones de vida de todas y todos”.


 Albiol: “Debemos seguir aumentando la presión en las calles para que el Consejo dé un no definitivo al CETA”

19/10/2016 · La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, cree que las movilizaciones en contra del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Canadá están surtiendo efecto, después de que el Consejo haya decidido aplazar por el momento la firma del tratado esta mañana.

Sin embargo, la eurodiputada sostiene que “nadie debe confiarse” y que la presión en la calle debe ser “de tal magnitud”, que los líderes de la UE se vean obligados a “enterrar en un cajón de forma definitiva” el CETA. “Que el Consejo haya decidido aplazar este martes la firma del CETA es una muy buena noticia, pero no debemos llevarnos a engaños: la lucha en la calle debe continuar para hacer ver a nuestros gobernantes que no queremos sus acuerdos de libre comercio”, ha dicho.

Esa lucha, escenificada en las últimas semanas con numerosas manifestaciones en toda la UE en el marco de las campañas contra el CETA y el TTIP, “debe llevarse a un nivel superior”. “Debemos conseguir que la presión de la calle sea de tal magnitud que no les quede más remedio que enterrar el acuerdo”, ha insistido.Albiol estima que este retraso en la firma se debe, además de a las movilizaciones, al veto del Parlamento de Valonia hace unos días y ha recordado que “ese clamor popular, debe ir también dirigido a nuestros parlamentos estatales, puesto que son ellos los que deben ratificar o no” el CETA.

Por último, la portavoz de IU espera que el Consejo “sepa leer la situación” y no “fuerce” la firma del CETA “antes de pasar por todos los parlamentos estatales”. Si opta por esa opción, ha dicho, “sería una muestra más de que es un tratado antidemocrático”.


Albiol critica que la UE siga defendiendo el TTIP “sin unas cifras realistas sobre su impacto en el empleo”

· La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, considera “una irresponsabilidad” que la Unión Europea vaya a seguir adelante con las conversaciones para la firma del Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) con EEUU, “sin contar con unas cifras realistas y concretas sobre el impacto que va a tener sobre el empleo”. La eurodiputada se ha reunido este martes durante tres cuartos de hora en Bruselas con el jefe negociador de la UE, Ignacio García Bercero, a quien ha trasladado muchas de las demandas de la campaña contra el TTIP, a escasos días de las movilizaciones previstas en el Estado.

“García Bercero conoce nuestro más absoluto rechazo al TTIP, pero queríamos trasladarle en persona algunos de los datos que aportan dos informes elaborados por los técnicos de la Eurocámara, que dejan muy claro el impacto negativo del acuerdo en términos de destrucción de empleo y de aumento de la precariedad”, explica Albiol.

Según la eurodiputada, el jefe negociador de la UE ha seguido defendiendo el TTIP y ha apuntado que es muy difícil hacer una previsión realista de cómo afectará al empleo, lo que no le ha impedido reconocer que habrá sectores que se verán afectados, algo que ha “justificado”, explica Albiol, “asegurando que aumentará en otros por la transferencia y reconversión de trabajadores”.

“Esto el equipo negociador lo llama costes de transición, pero para nosotros se llama paro y pobreza a corto plazo, y precariedad a largo. Hablan siempre a nivel macro, pero sin tener en cuenta que lo que está en juego es la forma de vida de millones de personas”, critica.

Albiol cree que la Comisión Europea está “escondiendo la cabeza” y que “sabe que el TTIP puede generar bolsas de desempleo masivas en determinados territorios con la entrada de las grandes empresas estadounidenses, que van a acabar con los pequeños productores”, muchas veces, “explotaciones familiares”. “Dudo mucho que esas personas vayan a cambiar de forma de vida de la noche a la mañana porque la Comisión Europea se empeñe en que les va a ir mejor en otro oficio”, asegura.

La eurodiputada recuerda que EEUU no ha ratificado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y así se lo ha trasladado a García Bercero. Desde su punto de vista, esto convierte al TTIP sinónimo de desigualdad salarial, desempleo, aumento dumping social y de violaciones normativa laboral.

Albiol ha transmitido también a García Bercero la necesidad, “en el caso de que llegue hasta el final”, de que “el TTIP sea considerado un acuerdo mixto y por tanto ratificado por los parlamentos estatales”. Pero además, ha insistido en la idea de que “esto no es suficiente, debe haber referéndums vinculantes en los Estados miembros y permitir que opine la ciudadanía”.


IU pide una reunión con García Bercero para hablar del TTIP y trabaja para que comparezca en Estrasburgo

30/08/2016.- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha solicitado este martes una reunión al jefe negociador de la Comisión Europea para el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) con EEUU, Ignacio García Bercero, y ha propuesto al Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) presionar para que comparezca en el pleno que se celebrará en Estrasburgo en dos semanas.

“Después de las declaraciones del ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, y de las del secretario de Estado francés de Comercio, Matthias Fekl, creemos que la Comisión debe dar explicaciones a todo el Parlamento”, ha dicho Albiol.

La eurodiputada se puso en contacto con García Bercero en el mes de julio para exigirle la suspensión de las negociaciones por los informes técnicos de la Eurocámara que indican que la firma del TTIP tendría un impacto negativo en el empleo en la UE. El negociador de la Comisión le mostró su predisposición a mantener una reunión e intercambiar opiniones.

Albiol ha asegurado que después de los comentarios de ambos representantes de Francia y Alemania “resulta muy poco creíble la versión que están dando tanto el señor García Bercero, como el portavoz de la Comisión, Margaritis Schinas”, quien esta misma mañana se limitó a apuntar que la institución comunitaria tiene una mandato claro de los Estados miembros y que no se van a parar las negociaciones.

“Creemos que hay alguien que no dice la verdad”, ha añadido Albiol, que prefiere mantener la cautela. “Sería inaceptable que la Comisión insista en seguir negociando el TTIP si las resistencias de Francia y Alemania son ciertas. Pero tampoco sería descabellado pensar que tanto París como Berlín estén mandando mensajes contradictorios, ya sea para aplacar la movilización social contra el acuerdo, o para presionar a la Comisión y a EEUU y conseguir mejores condiciones para ellos en el texto final”.

“Queremos que García Bercero nos aclare este tema en persona y en el pleno”, ha explicado Albiol, que esta mañana se puso en contacto también con la presidenta del GUE/NGL, Gabi Zimmer, para solicitarle que en la reunión de la conferencia de presidentes que se celebra antes de Estrasburgo y en la que se configura la agenda final del plenario, pida la comparecencia del jefe negociador.


IU urge a la CE a suspender las negociaciones del TTIP por los informes que alertan del peligro para el empleo

Albiol se ha referido en concreto a dos informes, El TTIP y el Empleo y El TTIP y los estándares laborales, encargados por el eurodiputado de Die Linke Thomas Händel a los servicios técnicos del Parlamento Europeo, que advierten, entre otras cosas, de que el TTIP producirá un “aumento de la desigualdad salarial” y que “la liberalización del mercado provocará un aumento del desempleo”.

Asimismo, recomiendan, ante la “dificultad” empírica para adelantar los efectos sociales de un tratado de estas características, limitar al máximo “las situaciones de dumping social” y de “pérdida de poder de los sindicatos”, así como “establecer los mecanismos de sanción” adecuados ante posibles “violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores”. Por último, avisan del riesgo que supone que la legislación laboral de EEUU se aleje de forma significativa de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Albiol se ha puesto en contacto esta mañana con García Bercero, al que ha solicitado que la comisión negociadora “tome en consideración” los informes y le ha instado a “una vez más, a no continuar adelante con estas negociaciones”.

“La comisión negociadora puede seguir haciendo como que no pasa nada y continuar argumentando que este es un tratado beneficioso para la UE. Nosotros, sin embargo, vamos a seguir movilizándonos e insistiendo en lo contrario. Si querían datos, sólo tienen que leer los informes, asumir su responsabilidad y cancelar las negociaciones”, ha dicho Albiol.


Albiol: “No basta con que el CETA sea ratificado por los parlamentos, debe someterse a referéndum”

05/07/2016 .- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha advertido este martes que a pesar de que la Comisión Europea haya “entrado en razón” y vaya a someter el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá a la ratificación de los parlamentos estatales, “las implicaciones que tiene este tratado hacen que sea necesario también que se pronuncie la ciudadanía europea por medio de un referéndum”. Un tratamiento que “debe darse también al TTIP entre la UE y EEUU” porque “ambos están diseñados para modificar nuestras legislaciones con el único objetivo de beneficiar a las grandes multinacionales”.

La comisaria de Comercio Internacional de la UE, Cecilia Malmström, anunció esta tarde en Estrasburgo que pese a que el Gobierno comunitario cree que la competencia del acuerdo con Canadá es competencia exclusiva de la UE, la falta de consenso entre los Estados miembros hacía pertinente su ratificación en los parlamentos. Albiol, sin embargo, cree que esa falta de consenso es “fruto de la presión y el trabajo que durante muchos años vienen desarrollando organizaciones sociales y políticas” en contra de “la salida neoliberal a la crisis económica que se está diseñando desde Bruselas”.

“El CETA es un acuerdo comercial que, de aprobarse, modificará nuestras legislaciones laborales, medioambientales, sanitarias, afectará a las denominaciones de origen y a los servicios públicos y dará un tratamiento de favor a las empresas canadienses de fracking y megaminería por mucho que Malmström insista en que las cláusulas del tratado son competencia exclusiva de la UE. Si no fuera así, no se habrían introducido los mismos tribunales de arbitraje que se han diseñado para el TTIP”, ha denunciado.

Esos tribunales supraestatales, ha continuado, “están creados para que las multinacionales puedan denunciar a los Estados en el caso de que, ante determinadas decisiones políticas, sus inversiones no se vean correspondidas. Esas denuncias, insistimos, irán contra los Estados, no contra la Comisión Europea”.

La portavoz de IU cree que con esta decisión de la CE “se ha ganado una batalla, pero no la guerra contra los acuerdos de libre comercio”. “Por un lado, vamos a seguir reclamando que se someta la aprobación final a un referéndum. Por otro, no debemos olvidar que el CETA no es más que el espejo canadiense del TTIP”, por lo tanto, “si la CE da este tratamiento al acuerdo con Canadá, no vemos por qué no va a hacer lo propio con el de EEUU”.

Desde IU “vamos a seguir volcados con la campaña contra el TTIP, el CETA y el TiSA”. “Se ha demostrado que la movilización y la organización contra sus imposiciones es fundamental y, además, funciona. Hoy más que nunca debemos seguir saliendo a la calle para frenar estos ataques a nuestra democracia”, ha afirmado.


IU exige a Juncker que someta la ratificación del CETA a la votación de los parlamentos estatales

El martes, durante la reunión del Consejo en Bruselas, Juncker anunció que el CETA no será considerado como un tratado mixto, es decir, que deba ser ratificado por los parlamentos, al considerar que su contenido es competencia exclusiva de la UE. Este anuncio fue complementado por declaraciones de la portavoz de la comisaria de Competencia, Cecilia Malmström, y esta misma mañana, el jefe negociador de la UE con EEUU para el TTIP, Emilio García Bercero, hacía lo propio.

Albiol considera que esta decisión unilateral “viene marcada por las dudas” que han empezado a mostrar algunos de los Estados más fuertes de la UE, como Alemania y Francia, con respecto a la aprobación tanto del CETA como del TTIP. Y cree que si se paraliza el acuerdo con Canadá, “el tratado comercial con EEUU entonces quedaría herido de muerte”.

En este sentido, la portavoz de IU en Europa, ha acusado a Juncker de estar “hurtando a los parlamentos estatales su derecho democrático a decidir sobre cuestiones que pueden cambiar para siempre las condiciones de vida de las personas y la actividad de esos mismos Estados”. “Están tratando de que este acuerdo comercial, que está configurado para que las multinacionales expriman al máximo sus posibilidades, sufra la menor exposición posible”, tal y como sucediera en el Parlamento regional de Valonia, en Bélgica, donde los socialdemócratas votaron en contra de su aprobación.

Albiol ha seguido defendiendo el carácter mixto del CETA porque, entre otras cosas,  “afectará a las normativas en materia de agricultura, ganadería, servicios públicos, derechos de los consumidores, o salud pública”. Todas estas son áreas, ha explicado, “en los que los Estados tienen competencia por mucho que Juncker se empeñe en negarlo”.

Además, el hecho de que contemple tribunales de arbitraje, como los del TTIP, “es una muestra más de que las multinacionales, si la legislación de un Estado no garantiza que se cumplan sus inversiones, podrán chantajear a los gobiernos e influir en las políticas estatales con demandas millonarias”.

“Que el CETA se apruebe por imposición no parece la idea más sensata teniendo en cuenta el impulso que está tomando la extrema derecha en Europa. Un impulso que se va a ver multiplicado por el Brexit”, ha alertado, antes de señalar que “el perjuicio que generará el acuerdo con Canadá para los trabajadores europeos puede ser el empujón definitivo” para que las los partidos ultras sigan ascendiendo en las encuestas e incluso lleguen a los gobiernos.

La eurodiputada ha exigido también al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que se oponga a que la decisión final sobre el CETA se tome en el Consejo Europeo y le ha conminado a convocar un referéndum y a someterlo a votación en el Congreso de los Diputados, pese a la opinión de Juncker.

“Rajoy debería alzar su voz y reclamar un debate en el Parlamento español y un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie. De lo contrario, estará nuevamente adoptando una posición de subalternidad a los grandes poderes económicos”, ha dicho.


Paloma López: “El TTIP es una amenaza para la siderurgia europea”


Marina Albiol: “El Consejo pretende hurtar a los europeos la posibilidad de votar el TTIP y el TiSA”

23/02/2016.- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha exigido esta mañana la celebración de referendos en toda la UE para que los europeos puedan expresar su opinión sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), teniendo en cuenta que el propio Consejo, llevándole la contraria a la Comisión Europea, considera que ambos pueden interferir en las competencias de los Estados miembros.

En respuesta a una pregunta escrita a finales de enero, el Consejo aseguró a Albiol que tanto el TTIP como el TiSA “abarcan competencias propias de la Unión y también de los Estados miembros”, por lo que “será necesario el acuerdo común de todos los Estados miembros para celebrar dichos acuerdos”.

“Esto, aunque la CE lo haya negado en reiteradas ocasiones, los convierte en tratados mixtos que, obligatoriamente, deberían ser refrendados por los parlamentos estatales”, ha dicho Albiol. Sin embargo, ha añadido, “nosotros vamos más allá y consideramos que unos acuerdos que cambiarán por completo nuestras vidas, deben contar con la opinión, no sólo de las instituciones políticas, sino también de los pueblos a través de un referéndum”.

Pese a ese reconocimiento de que TTIP y TiSA se entrometen en las competencias de los Estados miembros, el Consejo, en su respuesta, asegura, escudándose en el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que la decisión, sin embargo, recaerá única y exclusivamente en los jefes de Estado y Gobierno de la UE.

“La presión popular está haciendo que la CE y el Consejo hayan empezado a retroceder en su pretensión de aprobar el TTIP y el TiSA de manera unilateral. Ahora pueden retorcer los artículos del TFUE a su antojo, pero las calles ya saben lo que implican estos tratados. El Consejo pretende hurtar a los europeos la posibilidad de votar el TTIP y el TiSA, pero debemos seguir presionando para reclamar una consulta”, ha dicho.

Albiol ha criticado duramente a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström quien, en recientes entrevistas, ha comenzado a reconocer el carácter mixto del TTIP y del TiSA cuando, “hace tan sólo unos meses decía todo lo contrario en sus respuestas a nuestras preguntas”.  Así, Albiol se ha referido por ejemplo a una respuesta de la comisaria en el mes de noviembre de 2015 en la que aseguraba que “la Comisión es de la opinión de que ninguna de las materias reguladas actualmente por el TiSA es competencia exclusiva de los Estados miembros”.

“Llevan mintiendo desde el inicio de las negociaciones con ambos tratados, y cuando ven que la opinión pública se les echa encima, entonces cambian su parecer. Lo hicieron con los ISDS, de los que ahora, en la 12ª ronda de negociaciones sobre el TTIP, presentan una versión más aseada pero igual de peligrosa, y lo seguirán haciendo. Los europeos se merecen el respeto de las instituciones que dicen representarlos. Deben conocer la verdad sobre el TTIP y el TiSA”, ha sentenciado.


IU cree que la nueva propuesta de la CE sobre los tribunales de arbitraje del TTIP “deja a los Estados atados de pies y manos”

22/02/2016 .- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha acusado a la Comisión Europea de “dejar atados de pies y manos a los Estados de la UE” con la propuesta sobre los tribunales de arbitraje que presentará a EEUU en el marco de la 12ª ronda de negociaciones del Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) que ha comenzado hoy y que se alargará hasta el próximo viernes.

“Han sustituido los ISDS por una suerte de sistema judicial paralelo que, pese a contar con las diferentes etapas de la Justicia de cualquier Estado, sigue teniendo como objetivo que una multinacional pueda demandar a un Estado Miembro siempre que considere que sus inversiones no le han reportado las ganancias suficientes”, ha dicho.

Estas ganancias, ha explicado, “que siempre serán potenciales basándose en informes económicos de parte”, podrían no cumplirse “si un Estado decide cambiar su legislación”, por lo que la CE “está permitiendo que las grandes corporaciones transnacionales tengan atados de pies y manos a los parlamentos y gobiernos de la UE a la hora de hacer su trabajo, es decir, legislar”. “Están dejando vendidos a los Estados de la UE ante las multinacionales y sin contar con los ciudadanos”, ha reiterado.

Para Albiol, resulta irónico que la CE “trate de cubrirse las espaldas” asegurando en el documento sobre el Sistema Judicial para las Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés, que sustituye a los ISDS) “que las normas en cuanto a la protección de las inversiones no deberían afectar a los Estados que regulen para conseguir objetivos políticos legítimos como la protección de la sanidad pública”, e “inmediatamente después ponga negro sobre blanco toda una serie de disposiciones para atacar esas decisiones de los Estados. Es un documento que parece escrito por lobistas”.

La portavoz de IU también se ha mostrado “sorprendida” por el hecho de que en el nuevo texto la CE contemple como motivo para compensar las pérdidas de las multinacionales escenarios como “la guerra, los conflictos armados, revoluciones, estados de emergencia, insurrecciones o disturbios”. “Nos llama la atención que la CE contemple una revolución como una hipotética situación dentro de la UE”, ha dicho, antes de apuntar que “este apartado es totalmente injusto puesto que hablamos de que los Estados deban indemnizar a las empresas no ya en una guerra, sino en situaciones que pueden ser más cotidianas como declarar el estado de emergencia”.

“El estado de emergencia abarca desde atentados terroristas hasta catástrofes naturales y los Estados, según la CE, deberán estar preocupados por compensar las pérdidas que tengan las empresas de EEUU”, ha recriminado.


Marina Albiol: “El Consejo pretende hurtar a los europeos la posibilidad de votar el TTIP y el TiSA”

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha exigido esta mañana la celebración de referendos en toda la UE para que los europeos puedan expresar su opinión sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), teniendo en cuenta que el propio Consejo, llevándole la contraria a la Comisión Europea, considera que ambos pueden interferir en las competencias de los Estados miembros.

En respuesta a una pregunta escrita a finales de enero, el Consejo aseguró a Albiol que tanto el TTIP como el TiSA “abarcan competencias propias de la Unión y también de los Estados miembros”, por lo que “será necesario el acuerdo común de todos los Estados miembros para celebrar dichos acuerdos”.

“Esto, aunque la CE lo haya negado en reiteradas ocasiones, los convierte en tratados mixtos que, obligatoriamente, deberían ser refrendados por los parlamentos estatales”, ha dicho Albiol. Sin embargo, ha añadido, “nosotros vamos más allá y consideramos que unos acuerdos que cambiarán por completo nuestras vidas, deben contar con la opinión, no sólo de las instituciones políticas, sino también de los pueblos a través de un referéndum”.

Pese a ese reconocimiento de que TTIP y TiSA se entrometen en las competencias de los Estados miembros, el Consejo, en su respuesta, asegura, escudándose en el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que la decisión, sin embargo, recaerá única y exclusivamente en los jefes de Estado y Gobierno de la UE.

“La presión popular está haciendo que la CE y el Consejo hayan empezado a retroceder en su pretensión de aprobar el TTIP y el TiSA de manera unilateral. Ahora pueden retorcer los artículos del TFUE a su antojo, pero las calles ya saben lo que implican estos tratados. El Consejo pretende hurtar a los europeos la posibilidad de votar el TTIP y el TiSA, pero debemos seguir presionando para reclamar una consulta”, ha dicho.

Albiol ha criticado duramente a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström quien, en recientes entrevistas, ha comenzado a reconocer el carácter mixto del TTIP y del TiSA cuando, “hace tan sólo unos meses decía todo lo contrario en sus respuestas a nuestras preguntas”.  Así, Albiol se ha referido por ejemplo a una respuesta de la comisaria en el mes de noviembre de 2015 en la que aseguraba que “la Comisión es de la opinión de que ninguna de las materias reguladas actualmente por el TiSA es competencia exclusiva de los Estados miembros”.

“Llevan mintiendo desde el inicio de las negociaciones con ambos tratados, y cuando ven que la opinión pública se les echa encima, entonces cambian su parecer. Lo hicieron con los ISDS, de los que ahora, en la 12ª ronda de negociaciones sobre el TTIP, presentan una versión más aseada pero igual de peligrosa, y lo seguirán haciendo. Los europeos se merecen el respeto de las instituciones que dicen representarlos. Deben conocer la verdad sobre el TTIP y el TiSA”, ha sentenciado


IU cree que la nueva propuesta de la CE sobre los tribunales de arbitraje del TTIP “deja a los Estados atados de pies y manos”

Bruselas, 23 de febrero de 2016.- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha acusado a la Comisión Europea de “dejar atados de pies y manos a los Estados de la UE” con la propuesta sobre los tribunales de arbitraje que presentará a EEUU en el marco de la 12ª ronda de negociaciones del Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) que ha comenzado hoy y que se alargará hasta el próximo viernes.

“Han sustituido los ISDS por una suerte de sistema judicial paralelo que, pese a contar con las diferentes etapas de la Justicia de cualquier Estado, sigue teniendo como objetivo que una multinacional pueda demandar a un Estado Miembro siempre que considere que sus inversiones no le han reportado las ganancias suficientes”, ha dicho.

Estas ganancias, ha explicado, “que siempre serán potenciales basándose en informes económicos de parte”, podrían no cumplirse “si un Estado decide cambiar su legislación”, por lo que la CE “está permitiendo que las grandes corporaciones transnacionales tengan atados de pies y manos a los parlamentos y gobiernos de la UE a la hora de hacer su trabajo, es decir, legislar”. “Están dejando vendidos a los Estados de la UE ante las multinacionales y sin contar con los ciudadanos”, ha reiterado.

Para Albiol, resulta irónico que la CE “trate de cubrirse las espaldas” asegurando en el documento sobre el Sistema Judicial para las Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés, que sustituye a los ISDS) “que las normas en cuanto a la protección de las inversiones no deberían afectar a los Estados que regulen para conseguir objetivos políticos legítimos como la protección de la sanidad pública”, e “inmediatamente después ponga negro sobre blanco toda una serie de disposiciones para atacar esas decisiones de los Estados. Es un documento que parece escrito por lobistas”.

La portavoz de IU también se ha mostrado “sorprendida” por el hecho de que en el nuevo texto la CE contemple como motivo para compensar las pérdidas de las multinacionales escenarios como “la guerra, los conflictos armados, revoluciones, estados de emergencia, insurrecciones o disturbios”. “Nos llama la atención que la CE contemple una revolución como una hipotética situación dentro de la UE”, ha dicho, antes de apuntar que “este apartado es totalmente injusto puesto que hablamos de que los Estados deban indemnizar a las empresas no ya en una guerra, sino en situaciones que pueden ser más cotidianas como declarar el estado de emergencia”.

“El estado de emergencia abarca desde atentados terroristas hasta catástrofes naturales y los Estados, según la CE, deberán estar preocupados por compensar las pérdidas que tengan las empresas de EEUU”, ha recriminado.


Albiol: “PP, PSOE y Ciudadanos muestran su verdadera cara negándose a que el TiSA se vote en el Congreso”

03/02/2016  .- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha cargado este miércoles contra PP, PSOE y Ciudadanos por haber votado “en masa” a favor del informe que avala las negociaciones sobre el Acuerdo para el Comercio de Servicios (TiSA, por sus siglas en inglés), aceptando incluso que el tratado no sea ratificado por los Parlamentos de los diferentes Estados de la Unión Europea. “Estamos acostumbrados a este tipo de votos de los partidos que conforman la Gran Coalición en Europa, pero hoy PP, PSOE y Ciudadanos han mostrado su verdadera cara al negarse, por ejemplo, a que el TiSA se vote en el Congreso de los Diputados”, ha dicho Albiol. La eurodiputada se refería al voto en contra de los tres partidos a una enmienda presentada por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) para que el TiSA sea considerado como un acuerdo mixto, es decir, que al contener cláusulas que son competencia no sólo de la UE en su conjunto, sino también de los Estados miembros, deba ratificarse en cada Parlamento.

Albiol cree que “el caso de los socialistas es especialmente paradigmático”, ya que “mientras que en sus discursos se erigen como los grandes defensores de los derechos sociales y laborales, luego, a la hora de la verdad, no son capaces de oponerse a lo que dictan los poderes financieros”. El informe del Parlamento Europeo sobre el TiSA elaborado por la conservadora Viviane Reding ha sido aprobado por 532 votos a favor, 131 en contra y 36 abstenciones.

En la práctica, esto significa que la Eurocámara avala las negociaciones y da luz verde a la Comisión Europea para que continúe participando en las negociaciones secretas que mantienen medio centenar de países de todo el mundo. Entre ellos, paraísos fiscales como Panamá y Suiza. Conservadores, socialdemócratas y liberales, ha insistido Albiol, también han votado a favor de que el tratado incluya los tribunales de arbitraje, como hicieron con el TTIP. “Todos están de acuerdo en que las multinacionales puedan demandar a los Estados si sus legislaciones no les son favorables y llevarlos ante tribunales supranacionales, dejando a los gobiernos vendidos ante las grandes corporaciones”.

Otro de los aspectos que ha destacado de la votación de hoy es que, posicionándose a favor del TiSA, “PP, PSOE y Ciudadanos se han opuesto a que se blinden los servicios de correos”, tal y como pedía el GUE/NGL. Y no sólo, porque “la esencia del TiSA está en la privatización y liberalización de servicios que van desde la banca hasta las telecomunicaciones, pasando por la sanidad y la educación”. “Con sus votaciones hoy han rechazado que todas las disposiciones del TiSA cumplan con la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, han dicho no a la protección del empleo y la igualdad de género como criterios a tener en cuenta en la negociación, o a que las autoridades locales puedan priorizar las adjudicaciones a los proveedores de servicios locales y que tengan derecho a remunicipalizar los servicios”, ha denunciado.


 

TTIP: la línea roja de la que (casi) nadie habla

Artículo publicado en eldiario.esAdoración Guamán10/01/2016. – Entre las líneas rojas de las negociaciones en curso entre los partidos políticos con opciones de gobierno no ha aparecido la cuestión del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión que viene negociándose entre Estados Unidos y la UE (TTIP), un tema también ausente en los grandes debates de la campaña electoral.

Evitar afrontar la cuestión del TTIP puede ser la vía más sencilla para conformar el próximo Gobierno, pero la indefinición no es sostenible y planteará problemas derivados de las distintas posiciones que, respecto del Tratado, mantienen los partidos que pretenden coaligarse.

Repasando los programas de las fuerzas políticas que hoy son mayoritarias en el Congreso, es evidente que hay dos partidos plenamente a favor (PP y Ciudadanos) y uno que apoya sin fisuras la firma del Tratado pero reivindica cambios en su contenido, aunque sin cuestionar el fondo, como es el PSOE. En la oposición frontal al acuerdo UE-EEUU se encuentra Podemos que, junto con Izquierda Unida, ha mantenido el rechazo de manera constante en el Parlamento Europeo, impulsando también mociones en contra del TTIP en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. Así, el posicionamiento de una coalición de derechas respecto del Tratado estaría claro, pero no el de una posible coalición de carácter progresista.

En este último supuesto, evitar la cuestión del TTIP en las negociaciones para la creación de la coalición podría plantear problemas, tanto de manera inmediata como a medio plazo. De hecho, independientemente de que un futuro gobierno progresista no deseara adoptar una postura frontal al Tratado desde su investidura, hay decisiones que son impostergables y que atañen al curso y al contenido de las negociaciones. En primer lugar, sería necesario redefinir de inmediato la postura que está manteniendo la Secretaría de Estado de Comercio dirigida por Jaime García-Legaz, exasesor de Aznar, exsecretario general de FAES y conocido por sus presuntos negocios con el tristemente famoso “pequeño Nicolás”. No cabe duda de que García-Legaz es un entusiasta defensor del Tratado y lleva dos años dedicado a desarrollar una campaña publicitaria del TTIP. No en vano su Secretaría ha publicado diversos documentos promocionando su firma sin que sea posible encontrar en su web una sola crítica al Tratado. Es más, en los últimos meses el eje de la publicidad del Tratado es un informe sobre sus alegados beneficios desde el punto de vista económico y laboral, financiado por la CEOE y la Cámara de Comercio, que el Gobierno y la UE están utilizando como “oficial” a pesar de su dudosa independencia.

El cambio de rumbo de la política respecto del TTIP de esta Secretaría de Estado es fundamental, no solo porque desde la ciudadanía nos merecemos una información completa sobre esta cuestión, sino porque la Secretaría se encarga de proponer las excepciones que desde España pretenden imponerse frente a la liberalización de servicios que establecerá el TTIP. Debe tenerse en cuenta que, aunque las partes negociadoras son la UE y EEUU, cada Estado miembro de la Unión está participando activamente en el establecimiento de un listado de excepciones a la liberalización de servicios, utilizándose un método de negociación llamado “lista negativa”. Según el documento publicado por la Comisión que contiene la oferta de negociación de la UE y sus Estados a EEUU, las excepciones que ha establecido España ascienden a 55; un número reducido si las comparamos con las 103 reservas francesas, las 124 de Austria, las 100 italianas, etc.

Por añadidura, y bajando brevemente al detalle, vemos que Francia ha establecido excepciones como la que señala que “el establecimiento de empresas estadounidenses agrícolas y la adquisición de viñedos por inversores estadounidenses estará sujeto a autorización”, mientras que España no ha incluido ni una sola mención relativa a este respecto. Si miramos los servicios relacionados con la educación primaria, vemos que numerosos países europeos han establecido restricciones, incluso totales, a la libertad de acceso al mercado de escuelas privadas estadounidense. En Italia, por ejemplo, se exige el requisito de nacionalidad para los proveedores de servicios de educación primaria a los que se autorice la expedición de títulos reconocidos por el Estado. España no ha introducido ninguna previsión particular para proteger los derechos de los consumidores en el ámbito educativo, ni en primaria ni en secundaria. Si se llega a firmar el TTIP, la mayoría de las excepciones de esta lista serán inamovibles, congelando a futuro la máxima liberalización querida por el otrora secretario general de FAES.

Otro de los retos a los que se enfrentará el próximo Gobierno es el establecimiento de una postura coherente respecto del sistema de resolución de controversias Inversor-Estado (ISDS). El Partido Socialista ha sido un firme defensor del TTIP en el Parlamento Europeo, aunque ha exigido a la Comisión diversos cambios relativos a una mayor transparencia y a la introducción de variaciones en el controvertido ISDS. Buscando mantener el apoyo al TTIP que la “Gran Coalición” -conformada fundamentalmente por el Partido Popular Europeo y los socialistas- manifestó en el mes de julio, la comisaria de Comercio e Interior no tardó en proponer una variación del sistema de arbitraje, que ahora pasaría a denominarse Investment Court System (ICS). Este nuevo sistema ha sido ya públicamente apoyado por los socialistas europeos, quienes de nuevo se posicionan con los populares. En cambio, otros partidos como Podemos o IU han mantenido el rechazo a esta nueva propuesta que sostiene de manera invariable tanto los objetivos como los posibles resultados del mecanismo de arbitraje: sigue siendo una vía paralela y privilegiada para que los inversores extranjeros protejan sus inversiones, eludiendo la normativa estatal y los tribunales nacionales.

Evidentemente, ninguna coalición de gobierno debería permitirse mantener dos posturas enfrentadas respecto de algo tan fundamental como este tipo de arbitraje, que no solo es una afrenta al Estado de Derecho sino al mantenimiento de los derechos sociales y medioambientales. Como muestra de su importancia podemos resaltar un acontecimiento reciente: la empresa canadiense TransCanada Corporation ha iniciado el procedimiento de arbitraje previsto en el Tratado de libre comercio de América del Norte (NAFTA) para demandar a EEUU por valor de 15 billones de dólares. El motivo de la demanda es el bloqueo de la administración Obama a la construcción del oleoducto Keystone XL, admitiendo así las razones y la fuerte presión del movimiento ecologista.

El corto plazo también va a plantear un tercer y decisivo reto: la aprobación del Tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA). Tanto el Gobierno canadiense como la Comisión están acelerando el procedimiento para la ratificación del CETA, que todo parece indicar que se realizará en el año 2016 y exclusivamente en sede de la UE, sin que los Estados miembros -y su ciudadanía- sean consultados. Las campañas contra el TTIP y contra el CETA ya están orientando su actividad a denunciar que el contenido del Tratado UE-Canadá es incluso más duro que el propuesto para el TTIP, incluyendo la versión antigua del ISDS, por lo que la paralización o reapertura de las negociaciones del CETA se plantea como fundamental. ¿Cuál sería la postura de una coalición de progreso al respecto? ¿Podría mantenerse un voto divergente en el Parlamento Europeo que permitiera la entrada en vigor del Tratado UE-Canadá con todas sus nefastas consecuencias?

Por si esto fuera poco, las decisiones a adoptar respecto del TTIP en el largo plazo serán transcendentales: ¿se opondrá el representante del Gobierno español en el Consejo a la aprobación del TTIP? ¿votarán los socialistas con los populares en el Parlamento Europeo a favor del Tratado? ¿convocará un posible presidente del Gobierno investido por la coalición un referéndum para que las y los ciudadanos podamos decidir al respecto?

Tal vez sean demasiadas preguntas si se quiere conseguir una coalición a cualquier precio. Pero tal vez sean los interrogantes imprescindibles que deberían despejarse si se quiere conseguir un Gobierno de cambio, progreso y transformación, que responda a los intereses y necesidades de las mayorías sociales.


Video entrevista Adoración Guaman.

Los pilares del TTIP, sus mecanismos, sus objetivos y consecuencias


Una falsa reforma del ISDS:

La Comisión Europea en el laberinto del TTIP y la llamada al orden de Estados Unidos

Artículo publicado en eldiario.es.

Por Adoración Guamán. .- Las negociaciones del TTIP avanzan rápido y la Comisión Europea parece estar dispuesta a realizar algunos retoques a su propuesta de Tratado para asegurarse el apoyo del Parlamento Europeo y acallar la protesta ciudadana que crece día a día.

Camino de la ronda de negociación número 11, que tendrá lugar entre el 19 y el 23 de octubre de 2015, la comisaria de Comercio (Cecilia Malsmström) ha hecho pública una propuesta de modificación de la parte más criticada del Tratado, el temido ISDS: un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado. Al igual que el CETA (EU-Canadá Comprehensive Economic and Trade Agreement), el TTIP ha sido bautizado como un «Tratado de Nueva Generación».

La fundamental ambición reguladora del TTIP se complementa con la voluntad de proteger y promover la inversión extranjera, para lo que ambas partes negociadoras han venido insistiendo en la necesidad de integrar un ISDS, es decir, un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado. Como ya hemos repetido en numerosas ocasiones, no se trata de un procedimiento novedoso, sino de un mecanismo que se encuentra en casi todos los Tratados Bilaterales de Inversión que están en vigor actualmente. Según los datos de la UNCTAD, existen en la actualidad unos 2.283 tratados bilaterales de inversión en vigor, de entre los que unos 1.810 han sido suscritos por algún Estado miembro de la UE o por la propia Unión Europea, con un tercer Estado, incluyendo nueve con Estados Unidos. Un 90% del total de estos acuerdos contiene algún tipo de ISDS y las empresas norteamericanas son las que más utilizan estos mecanismos contra actuaciones normativas de Estados extranjeros, también europeos, y las que más casos ganan.

La crítica continuada a la introducción de este mecanismo se confirmó con los resultados de la consulta pública on line lanzada por la Comisión sobre el capítulo dedicado a la protección de las inversiones y el ISDS entre el 27 de marzo y el 3 de julio de 2014. La consulta recibió 149.399 respuestas que reflejaban una oposición clara al ISDS (el 97% de las contestaciones rechazaba la inclusión de este mecanismo). Además, un amplio número de activistas, periodistas, movimientos sociales y políticos y académicas de distintos países han criticado duramente este mecanismo que, asimismo, estuvo en el epicentro del debate acerca de la Resolución sobre el TTIP que finalmente aprobó el Parlamento Europeo el 8 de julio de 2015.

A efectos de sortear estas críticas, la Comisión Europea ha propuesto una modificación del mecanismo de resolución de controversias, que pasa a llamarse ICS ( Investment Court System) y que integra un doble mecanismo: el “Tribunal de Primera Instancia” y el “Tribunal de Apelación”. La Comisión ha lanzado una campaña de publicidad de estos cambios afirmando que se trata de un “nuevo y transparente sistema para resolver disputas entre inversores y Estados” para cuyo diseño, siempre según su opinión, se han integrado las exigencias del Parlamento y de la consulta pública (cosa complicada porque la opinión mayoritaria era la eliminación del mecanismo). El cambio más sustancial y señalado por la Comisión es la sustitución de los árbitros por unas personas denominadas jueces, “totalmente cualificados”. Además se ha incluido la obligación de transparencia en las decisiones y se ha introducido en la propuesta una doble instancia para permitir la apelación de las resoluciones. Con este sistema, sigue la Comisión, “se protege el derecho de los gobiernos a regular y se asegura que las disputas entre inversor y Estado se solucionan con respeto a la ley”. A mayor abundamiento, la comisaria Malsmström ha afirmado que el nuevo mecanismo se ha construido “sobre la base de los elementos que hacen que la ciudadanía confíe en los tribunales estatales o internacionales”, llegando incluso a comparar este nuevo “tribunal” con la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Como viene siendo habitual respecto del TTIP la Comisión Europea tergiversa tanto el lenguaje como la información que proporciona respecto de los textos que aprueba. Ni estamos ante un mecanismo “nuevo y diferente”, ni éste se parece a un tribunal nacional o internacional, y mucho menos a la CIJ, ni se evita el impacto contra la capacidad de los gobiernos de regular según la voluntad expresada por su ciudadanía. Vayamos por partes.

La sensación de que nos encontramos fundamentalmente ante cambios que no afectan de manera sustancial es evidente por varias razones. La finalidad del sistema de resolución de controversias se ha mantenido intacta, es decir, el “nuevo” mecanismo se orienta como el anterior al establecimiento de una vía paralela y privilegiada para que los inversores extranjeros protejan sus inversiones, eludiendo la normativa estatal y los tribunales nacionales. De esta manera se mantiene la discriminación entre inversores nacionales y extranjeros, colocando a éstos en mejor posición que las empresas locales y poniendo en permanente cuestión (y coacción) el poder de regulación de los Estados y sus diferentes niveles de gobierno, desde el local hasta el estatal. Es más, como ya han señalado algunos expertos, el mecanismo empeora la situación porque amplía las posibilidades de los inversores de actuar contra los gobiernos con base en la vulneración de ganancias esperadas. Por añadidura, también parece ampliarse la posibilidad para los inversores extranjeros de realizar cambios en el lugar de establecimiento de las sedes comerciales a efectos de beneficiarse de este mecanismo. Ciertamente, si atendemos al procedimiento a seguir, se mantienen las principales definiciones de conceptos clave como el de “expropiación”, “inversor” y las normas aplicables (las normas internacionales que regulan los procedimientos de arbitraje) presentes en el CETA pero también se integran cambios como un plazo máximo para la resolución, una remuneración fija para los jueces y, entre otras cuestiones, la exclusión clara del derecho estatal. Además, se mantiene el precepto que permite acudir ante el “Tribunal de Primera Instancia” tras haber obtenido una resolución negativa en el ámbito estatal.

En realidad, y como remarca la Comisión, el cambio fundamental gira alrededor de la sustitución de la palabra “árbitro” por la palabra “juez” y la introducción de todo un vocabulario propio de la tradicional función jurisdiccional estatal, pero el mero cambio de continente no afecta a los principales problemas que plantea el contenido. En ese sentido, la sustitución de unas personas a las que denominaban árbitros por otras a las que denominan jueces no debe llevarnos a engaño. Estos nuevos “jueces” no van a obtener su plaza mediante un procedimiento de examen público u oposición ni forman parte de un poder judicial que los somete la obligación de ser independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Se trata de “expertos” elegidos por un Comité (de servicios e inversión) creado por el mismo Tratado, que sólo pueden resolver los casos en aplicando el contenido del TTIP sin atender al derecho estatal. Es cierto que con el nuevo sistema conoceremos sus nombres, se controlará el dinero que cobran mensualmente por esta función y la duración de su mandato, pero esto no los convierte en tribunales semejantes a lo que en el ámbito estatal entendemos como tal. Tampoco es aceptable la comparación con la CIJ, cuyos miembros son elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y que sólo dirime disputas entre Estados, aplicando la generalidad del Derecho Internacional.

Más allá de estas modificaciones internas, el conjunto del sistema de protección de inversiones extranjeras que está planteando la UE en sus relaciones comerciales exteriores plantea incoherencias y se enfrenta a problemas considerables. Para comenzar, hasta el momento la Comisión no ha manifestado su voluntad de modificar el sistema de arbitraje planteado en el CETA, por lo que a través de Canadá sigue abierta la puerta a la utilización del sistema “tradicional”. Por añadidura, la primera reacción de Estados Unidos ha sido el rechazo claro a este nuevo sistema. Así, la Cámara de Comercio norteamericana ha afirmado que, aun reconociendo que la UE tiene un problema político respecto del TTIP, EEUU no puede bajo ningún concepto aprobar un mecanismo como el propuesto. De hecho, según el interlocutor estadounidense, el debate que estamos teniendo en Europa sobre el mecanismo está distorsionado, no fundamentado en hechos y, por lo tanto, no es admisible que este debate impacte en una política consolidada respecto de los ISDS. Según afirma la contraparte norteamericana, si la UE mantiene el TTIP como un objetivo serio, debe repensar la propuesta porque los acuerdos de inversión estadounidenses, mucho más exigentes, deben ser el punto de partida.

Sin duda la comisaria Maalmström se encuentra en una encrucijada de complicada solución. Una sumisión a las exigencias ya claras de EEUU la situará en una posición débil en las negociaciones y lanzará a la opinión pública en su contra con argumentos renovados. Un rechazo de las mismas podría significar un escollo insalvable de las negociaciones. En cualquier caso, debemos mantener que el problema no es el ISDS. Con o sin mecanismo el TTIP implica un desbordamiento neoliberal de nuestras instituciones democráticas y sociales orientado al beneficio de las multinacionales. Por esta razón, es imprescindible mantener la movilización y la protesta que se está organizando desde todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas preocupadas por los derechos de las mayorías sociales.


El TTIP pone en jaque a la gran coalición en el Parlamento Europeo: ni debate ni votación (por ahora)

Publicado anteriormente en Eldiario.es 

Por Adoración Guamán. .- No está siendo una buena semana ni para el TTIP, ni para el Parlamento Europeo ni para la imagen de unidad y estabilidad que habitualmente intentan dar las Instituciones de la Unión Europea. El martes día 9 por la noche, el Presidente del Parlamento anunciaba su decisión de retrasar la votación en el pleno de la Resolución sobre la postura de la Eurocámara ante las negociaciones del TTIP. El revuelo político fue considerable, mientras el Presidente Schulz se escudaba en la imposibilidad de lidiar con 200 enmiendas en el pleno, las eurodiputadas/os del grupo de la izquierda europea y de los verdes señalaban un acceso de pánico en el seno de la gran coalición entre populares, conservadores, liberales y socialdemócratas. Las brechas abiertas entre las filas de estos últimos hacían peligrar la aprobación de una Resolución favorable al mismo y esto debía evitarse, aun a costa de evidenciar las debilidades del Parlamento Europeo como cámara de representación de la voluntad popular. Así, en la carrera por impedir una posible derrota del TTIP, la Conferencia de presidentes adoptaba una decisión todavía más bochornosa: proponer una modificación del orden del día para evitar que en la sesión del día 10 de junio se pudiera, si quiera, debatir sobre la Resolución relativa al TTIP.

Conocíamos la noticia a las 8.01 am cuando se anunciaba en el pleno esta propuesta y se abría un restringido turno de debate para que se defendieran ambas posturas, la de mantener la discusión sobre la Resolución en el orden del día, aunque no se votase y la de posponer igualmente el debate. Uno de los eurodiputados verdes lanzó a la Eurocámara la siguiente pregunta “¿Qué es el Parlamento Europeo si su Presidente decide manipular las reglas porque tiene miedo de no obtener la mayoría respecto del TTIP y para apoyar el ISDS?; por su parte, Gabi Zimmer, la jefa del grupo de la Izquierda Europea afirmó con contundencia que “estas sucias tretas no son propias de una democracia parlamentaria y mi grupo no va a formar parte de ellas”. Tras apenas diez minutos de debate se pasó a una votación ajustadísima (183 votos a favor de retirar el punto sobre el TTIP del orden del día y 181 a favor de mantenerlo). El bloque de la derecha (Partido Popular Europeo, Conservadores y Liberales) ganaba por la mínima con el apoyo directo de algunos socialistas, mientras que la mayoría de europarlamentarias/os del grupo donde se integra el PSOE optaron por abstenerse. El bloque de las izquierdas y los verdes se quedó sólo a dos votos de una victoria importantísima.

Estos resultados abren claras esperanzas para la campaña del NO al TTIP pero todavía quedan muchos pasos por recorrer para conseguir paralizarlo desde el Parlamento Europeo. Lo que se pretendía votar el día 10 era sólo un documento con recomendaciones a la Comisión para la negociación del Tratado, más allá de esto, el Parlamento tendrá un poder decisivo a la hora de su aprobación ya que debe apoyar el texto del TTIP por mayoría simple.
La redacción de este documento de recomendaciones sobre el TTIP lleva meses negociándose en las diferentes Comisiones del Parlamento, hasta llegar a su versión final aprobada en la Comisión de Comercio el 28 de mayo. Esta Resolución fue elaborada por el eurodiputado socialista Bernd Lange y en ella se introdujo una enmienda de “compromiso” con la que se conseguía mantener el ISDS (mecanismo de tribunales de arbitraje) en el texto que debía ser pasado al pleno, con los votos a favor de una gran coalición conformada por eurodiputadas/os populares, socialdemócratas, conservadores y liberales (entre los que se encuentran los españoles del PP, PSOE, Convergència, UPyD, Ciudadanos y PNV).

La pregunta es ¿qué contiene esa Resolución para haber levantado semejante revuelo? La respuesta puede simplificarse en una frase: la Resolución acoge las líneas básicas mantenidas hasta ahora por el Consejo y la Comisión Europea, introduciendo algunas cláusulas de salvaguarda pero manteniendo las cuestiones más criticadas. Entrando brevemente en su detalle, podemos destacar cinco postulados generales sobre los que se asienta el texto: en primer lugar, el documento asume como punto de partida los planteamientos de la Comisión Europea respecto de los potenciales efectos positivos del Tratado, desde una postura acrítica y sin referirse a los numerosos estudios que alertan de sus peligros; en segundo lugar, la Resolución del Parlamento acoge plenamente la neo-lengua dominante apostando por la “necesidad de invertir en gobernanza global” o por un “sistema basado en reglas y valores”, sin aclarar quién y desde qué niveles se va a generar esa gobernanza, qué papel tiene la ciudadanía en la misma, qué debemos entender por reglas (si se refiere o no a leyes emanadas de procedimientos democráticos en los Estados miembros) y cuáles son los valores que se afirman compartidos por Estados Unidos y la UE. Por añadidura, la Resolución incluye entre sus puntos de partida el concepto de “costes de regulación”, entendiendo por tales toda aquellas condiciones impuestas por normas emanadas del poder público y orientadas, en la mayoría de las veces a la protección del medio ambiente, de las y los trabajadores, de las y los consumidores, etc. En otras palabras, lo que habitualmente entendemos como derechos, en la propuesta del Parlamento se enfocan como costes derivados de normas que deben ser modificadas, incluso si es necesario por instancias superiores a las democráticamente elegidas; en tercer lugar la Resolución señala la existencia de unas líneas rojas basadas en los estándares de la UE respecto de materias sociales, sanitarias o medioambientales, dejando de lado lo que es más importante: la regulación estatal de cada una de esas materia que en formalmente sigue siendo superior a la europea. Por añadidura, la Resolución insiste en la necesidad de que las potencias de ambos lados del Atlántico diseñen y dominen las reglas comerciales a nivel global.

Con este planteamiento general, la Resolución recoge las tres grandes áreas en las que se enmarca el contenido del TTIP: acceso al mercado, cooperación reguladora y “normas”. Más allá de algunas cláusulas de salvaguarda en materias históricamente protegidas dentro de la UE (agricultura, cultura, mercado audiovisual, prensa), el texto mantiene las líneas marcadas por la Comisión Europea. En concreto es imprescindible detallar la propuesta para la regulación del ISDS, convertido ya en centro de la polémica respecto del Tratado. Según recoge la Resolución, para asegurar que los inversores extranjeros son tratados de manera no discriminatoria y con igualdad de oportunidades, el Parlamento propone utilizar la propuesta de la Comisión como base para conseguir un sistema efectivo de protección para los inversores. Así, pese a reconocer que la resolución de controversias entre inversores y Estados deberá solucionarse por un mecanismo sujeto a principios democráticos y por jueces independientes y profesionales, la Resolución afirma que, en el medio plazo, una Corte Internacional de Inversiones (es decir, un tribunal de arbitraje internacional) puede ser la manera más apropiada para solventar este tipo de disputas.

Con este contenido, del cual sólo se ha resumido una pequeña parte, la votación en el Plenario no se planteaba nada fácil y el miedo al fracaso ha provocado la devolución del texto. Sin duda es una buena noticia, el Parlamento Europeo puede todavía hacer historia, pronunciándose a favor de los derechos de la ciudadanía europea en contra de la negociación del TTIP (no habría sido la primera vez porque ya lo hizo con el Anti-Counterfeiting Trade Agreement). La Eurocámara puede decir “no” en base a los defectos de transparencia, al rechazo creciente de la ciudadanía respecto de algunos puntos fuertes del Tratado (ISDS o sistema de arbitraje), a la falta de confianza que suscitan determinadas actuaciones recientes de Estados Unidos (el espionaje masivo), el marcado carácter imperialista del Tratado y sus posible efectos para terceros países o los potenciales peligros que el TTIP contiene respecto de los derechos laborales, sociales y medioambientales. Pero en la Eurocámara también puede mantenerse esa gran coalición para aprobar el Tratado, aunque en el camino caiga el ISDS. No en vano, un eurodiputado socialista afirmaba en una rueda de prensa ayer que su grupo votaría a favor del Tratado si se dejaba fuera el mecanismo de arbitraje.

Concentrar el debate en esta cuestión es un error estratégico, las consecuencias desastrosas del TTIP no se limitan al ISDS sino que se sitúan en el corazón mismo del Tratado, en el concepto de liberalización total del comercio, de armonización o incluso elaboración de normas por instancias no democráticas y de protección total del inversor. El problema es que el TTIP pone los intereses de las multinacionales por encima de los intereses de las mayorías sociales por lo que, con o sin ISDS, ese Tratado hay que pararlo.


Marina Albiol: “Hemos abierto una brecha en la gran coalición y gracias a la presión de la calle los socialistas tendrán cada vez más difícil seguir apoyando el TTIP”

Estrasburgo, 10 de junio de 2015.- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha asegurado esta mañana que el aplazamiento hoy del debate y el voto sobre el informe que defendía la introducción de los tribunales de arbitraje (ISDS por sus siglas en inglés) en el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) entre EEUU y la UE, es una muestra de que “la gran coalición que forman conservadores, socialdemócratas y liberales está haciendo aguas” gracias a la presión social, “y eso provoca que los diputados socialistas tengan cada vez más complicado seguir apoyando este tratado”.

Esta mañana el pleno decidió por 183 votos a favor y 181 en contra que, además de suspenderse la votación del informe Lange sobre los ISDS, debía aplazarse también el debate sobre un texto que había recibido más de 200 enmiendas. Esa fue la primera explicación que recibieron ayer los grupos políticos, que el voto se aplazaba por exceso de enmiendas. Sin embargo, apenas una hora después, el Parlamento Europeo emitía un comunicado asegurando que la suspensión del voto se debía a una falta de consenso. Ya por la noche, el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, confirmaba a todos los eurodiputados que en base al artículo 152 del reglamento había decidido someter a votación si se paralizaba el debate definitivamente, como ha sucedido.

“Al suspender el debate y el voto del informe sobre los ISDS lo que realmente han dejado en suspenso es la democracia. Están lanzando un mensaje claro: la democracia en el Parlamento Europeo sólo se puede ejercer para dar la razón a la Comisión Europea y a las élites económicas que nos gobiernan”, ha dicho Albiol.

La eurodiputada de IU opina que los grupos mayoritarios de la Cámara “han manipulado el reglamento a su antojo” y “lo que es peor, seguirán posponiendo la votación sobre los ISDS hasta que tengan la seguridad de que el informe será aprobado”.

Pero la falta de consenso aducida significa para Albiol algo más. Por un lado, “que esta marcha atrás también está propiciada porque las movilizaciones están teniendo su efecto, cada día aumenta la oposición en la calle y eso hace que a los diputados socialdemócratas y a los socialistas españoles les vaya a ser cada vez más difícil seguir apoyando el TTIP”. Por otro, que ha quedado demostrado que “hemos abierto una brecha en la gran coalición entre conservadores, socialdemócratas y liberales, que empieza a hacer aguas”.  Albiol se ha comprometido por último a seguir “peleando” desde IU y desde el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea “para que este tratado no vea la luz”.


El Parlamento Europeo pospone la decisión sobre el TTIP: ¿el miedo está cambiando de bando?

Por Adoración Guamán. .- Las negociaciones del TTIP (Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión) han llegado a uno de sus puntos cruciales. Tras un año y medio de rondas “oficiales” entre Estados Unidos y la Unión Europea y en un clima de creciente oposición de la ciudadanía de ambos lados del Atlántico, el Parlamento Europeo se enfrentaba el miércoles 10 de junio a una decisión fundamental: apoyar o no la línea marcada por la Comisión Europea respecto de la necesidad y el contenido del TTIP. Sin embargo, en el último minuto, el Presidente del Parlamento Europeo decidía retrasar la votación haciendo uso del artículo 175 del Reglamento de la Eurocámara que le permite devolver una Resolución a la Comisión de procedencia en el caso de que se hubieran presentado un número elevado de enmiendas.

Para entender la importancia de lo sucedido es necesario analizar tanto el momento político como el contenido de la Resolución que se está debatiendo. Como es ya bien sabido, tras la modificación efectuada por el Tratado de Lisboa (que entró en vigor en 2009) el Parlamento Europeo tiene un papel decisivo en la votación final de los tratados de libre comercio. Aun cuando sigue siendo un actor menor dado que el peso de la negociación lo lleva la Comisión bajo el mandato del Consejo, para que un Tratado comercial sea aprobado es necesario el pronunciamiento favorable del Parlamento Europeo en una votación donde basta la mayoría simple y donde tiene vetada la presentación de enmiendas. No obstante, durante la negociación del Tratado, el Parlamento puede expresar su posición respecto del acuerdo y el estado de las negociaciones.

Desde hace meses la Eurocámara debate este posicionamiento en las diferentes Comisiones del Parlamento, que han ido pronunciándose respecto del contenido que se está negociando para el Tratado. Finalmente el Comité de Comercio aprobó el 28 de mayo una Resolución, elaborada por el eurodiputado socialista Bernd Lange, que contiene las recomendaciones del Parlamento a la Comisión Europea respecto del TTIP. En aquella votación se pronunciaron a favor las y los eurodiputados populares y socialdemócratas, entre ellos, por ejemplo, la eurodiputada del PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero. En realidad esta votación en la Comisión de Comercio no era el paso final, dado que la Resolución requiere su aprobación en el Plenario, pero el revuelo entre las filas socialistas fue considerable. No era para menos, una enmienda de “compromiso”, también defendida por los socialistas en coalición con la derecha europea, conseguía mantener el ISDS (mecanismo de tribunales de arbitraje) en el texto que debía ser aprobado por la totalidad del Parlamento.

Naturalmente, las y los diputados socialistas se defendieron frente a las críticas de los días sucesivos, afirmando que en la Resolución aprobada y propuesta al plenario se exige una “modulación” de los aspectos más duros del Tratado y la introducción en el mismo de determinadas líneas rojas “protectoras”. Sin embargo, una lectura cuidadosa nos demuestra que, en realidad, el contenido de la Resolución es en gran medida una operación de maquillaje con la que el Parlamento se pliega a los lobbies y a los designios de la todopoderosa Comisión Europea.

A modo de breve resumen de la Resolución que debía votarse el día 10 de junio y que ha sido devuelta a la Comisión de Comercio, podemos destacar cinco postulados generales sobre los que se asienta el texto: en primer lugar, el documento asume como punto de partida los planteamientos de la Comisión Europea respecto de los potenciales efectos positivos del Tratado de libre comercio e inversión, desde una postura acrítica y sin referirse a los numerosos estudios que han sido publicados en los últimos meses y que ponen de relevancia la falta de fundamento científico de los informes que afirman que el TTIP va a producir per se el crecimiento económico y la creación de empleo; en segundo lugar, la Resolución del Parlamento se asienta en la neo-lengua dominante, con afirmaciones huecas de contenido como la “necesidad de invertir en gobernanza global” o en un “sistema basado en reglas y valores”, sin aclarar quien va a generar esa gobernanza, qué papel tiene la ciudadanía en la misma, qué debemos entender por reglas (si se refiere o no a leyes emanadas de procedimientos democráticos en los Estados miembros) y cuáles son los valores que se afirman compartidos por Estados Unidos y la Unión Europea. Una muestra más de esta neo-lengua asumida por la Resolución es el concepto de “costes de regulación”, entendiendo por tales toda aquellas condiciones impuestas por normas emanadas del poder público y orientadas, en la mayoría de las veces, a la protección de otro bien jurídico protegido como el medio ambiente, la protección de los trabajadores, de los consumidores, etc. En otras palabras, lo que en el lenguaje jurídico propio del Estado social se entienden como derechos, en la propuesta del Parlamente se enfocan como costes que deben ser o bien armonizados o bien re-regulados por instancias superiores a las democráticamente elegidas; en tercer lugar la Resolución señala la existencia de unas líneas rojas basadas en los estándares de la UE respecto de materias sociales, sanitarias o medioambientales, dejando de lado lo que es más importante: la regulación estatal de cada una de esas materia. Por añadidura, la Resolución que ha aprobado la Comisión de Comercio del PE rezuma un posicionamiento imperialista que aspira a permitir que las dos potencias diseñen y dominen las reglas comerciales a nivel global.

Tras este planteamiento general, la Resolución recoge las tres grandes áreas en las que se enmarca el contenido del TTIP: acceso al mercado, cooperación reguladora y “normas”. Más allá de algunas cláusulas de salvaguarda en materias históricamente protegidas dentro de la UE (agricultura, cultura, mercado audiovisual, prensa), el texto mantiene las líneas queridas por la Comisión. En concreto es imprescindible detallar la introducción del ISDS, convertido ya en centro de la polémica respecto del Tratado. Según recoge la Resolución, para asegurar que los inversores extranjeros son tratados de manera no discriminatoria y con igualdad de oportunidades, el Parlamento propone utilizar la propuesta de la Comisión como base para conseguir un sistema efectivo de protección para los inversores. Así, pese a reconocer que la resolución de controversias entre inversores y Estados deberá solucionarse por un mecanismo sujeto a principios democráticos y por jueces independientes y profesionales, la Resolución incluye que, en el medio plazo, una Corte Internacional de Inversiones (es decir, un tribunal de arbitraje internacional) puede ser la manera más apropiada para solventar este tipo de disputas.

Con este contenido, la votación en el Plenario no se planteaba nada fácil y las enmiendas, más de 200, han provocado la devolución del texto. Sin duda es una buena noticia, el Parlamento Europeo puede hacer historia, pronunciándose a favor de los derechos de la ciudadanía europea y acabar aprobando una Resolución en contra de la negociación del TTIP (no habría sido la primera vez porque ya lo hizo con el Anti-Counterfeiting Trade Agreement). La Eurocámara puede decir “no” en base a los defectos de transparencia, al rechazo creciente de la ciudadanía respecto de algunos puntos fuertes del Tratado (ISDS o sistema de arbitraje), a la falta de confianza que suscitan determinadas actuaciones recientes de Estados Unidos (el espionaje masivo), el marcado carácter imperialista del Tratado y sus posible efectos para terceros países o los potenciales peligros que el TTIP contiene respecto de los derechos laborales, sociales y medioambientales.

La pelota está, sin duda, en el tejado de la “más democrática” de las instituciones de la UE, esperemos que las y los diputados escuchen a la ciudadanía.


Privatizar la Justicia, a favor en Europa (o como la derecha y la socialdemocracia se alían contra nuestros derechos)

Ekaitz Cancela analiza para este blog la evolución de las negociaciones del TTIP y de uno de sus puntos más críticos, el ISDS o sistema de arbitraje. Como nos relata el autor, este mecanismo que está siendo mayoritariamente rechazado por la ciudadanía en diferentes consultas sigue siendo defendido por la Comisión Europea, ahora ya con el apoyo expreso del Comité de Comercio del Parlamento Europeo y los votos de los y las eurodiputadas de la derecha y la socialdemocracia. El PP y el PSOE se posicionan en la UE, una vez más, contra los derechos de las mayorías sociales

Este jueves, el Parlamento Europeo aprobó con los votos socialdemócratas un proyecto de informe de la Comisión que acepta entregarle el poder judicial al sector privado

El 97% de los ciudadanos europeos consultados por la propia Comisión Europea ha expresado su rechazo a los tribunales de arbitraje privados

España ha sido el país más demando en 2014 mediante estos mecanismos de solución de controversias entre Inversor-Estado en el que los abogados llegan a ganar 3.000 dólares al día

Desde hace semanas, en Europa, no ha cesado el debate en torno a uno de los puntos más polémicos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que negocian Estados Unidos y la Unión Europea, el ISDS. Mecanismo que concede a las multinacionales el derecho de llevar sus casos ante un tribunal de arbitraje privado y ad hoc, si considera que las medidas gubernamentales puedes perjudicar sus beneficios presentes e incluso futuros. Es lo que muchos ha acertado a definir como “privatizar la justicia”.

El Comité de Comercio del Parlamento Europeo votó el jueves un proyecto de informe de la Comisión que ha recibido más de 900 enmiendas. Entre los temas más controvertidos se encontraba la citada protección de inversiones (de multinacionales). A pesar de que la decisión de los eurodiputados no es vinculante, sí, marca una posición ante EEUU y a la UE. El sistema que permite a las corporaciones denunciar a los Estados cuando sus regulaciones les perjudiquen dividió y polarizó a la Eurocámara, pero finalmente fue aprobado con el respaldo del grupo de los socialdemócratas (PSOE). Un apoyo que ha sido visto como una “traición”, la supuesta línea roja de los socialistas con el TTIP era precisamente el ISDS, ya que ignora a los 150.000 ciudadanos consultados, de los cuales el 97% expresó su rechazo.

A principios de este mes, y ante la perdida de credibilidad entre la opinión pública, la Comisión Europea presentó su “nueva” posición sobre el ISDS (fuentes del organismo revelaron que el texto estaba ya redactado hace muchos meses, pero no se presentó por no dar tiempo al debate público). Este hecho ha provocado un fuerte rechazo en las organizaciones de la sociedad civil que operan Bruselas. El Seattle to Brussels Network, por ejemplo, definió la propuesta de la Comisión como “la propagación de una enfermedad en lugar de buscar su cura”.

El aspecto fundamental que se critica es que ignora lo más importante, que la necesidad de incluir este mecanismo en el TTIP es inexistente. “Las inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea han tenido lugar durante décadas y han crecido más de 3.000 billones de euros sin necesidad de establecer un sistema de arbitraje como el ISDS”. Por su lado, Estados Unidos, se opone a negociar ningún cambio en el mecanismo de solución de controversias entre Inversor y Estado planteado inicialmente, lo que junto con el rechazo en el Senado a los planes de Baraka Obama en relación a los acuerdos internacionales, está retrasando las negociaciones sobre el TTIP.

Por su lado, diferentes organizaciones ha iniciado una ciber-acción, a través de la cual se están enviando cartas a las/os eurodiputadas/os demandando votar en contra de cualquier informe que no rechace el ISDS. Gracias a la participación de 22.000 personas, 48 diputadas/os ya han declarado que votarán en contra.

Las denuncias sobre los efectos del Tratado han llegado también a Naciones Unidas, quien ha pedido la suspensión de las conversaciones sobre el TTIP por temor de que se produzcan abusos contra los derechos humanos”. “La adopción de un sistema legal independiente que sólo beneficie a las multinacionales es una amenaza para los derechos humanos básicos”, dijo a The Guardian, Alfred de Zayas, abogado de la ONU en relación al citado ISDS. También intelectuales y expertos en arbitraje internacional de la talla de Gus Van Harten han encabezado un movimiento contrario a la inclusion del mecanismo de solución de controversias entre inversor-Estado.

¿Quién gana con la privatización de la justicia?

Como en la mayoría de procesos de externalización de servicios públicos, los Estados no suelen beneficiarse. Los costes de utilizar este mecanismo ascienden a 8 millones de dólares, y superan los 30 si el caso se alargue en el tiempo. En España, país que más demandas ha recibido mediante procesos de arbitraje intenacional, según el Banco Mundial, el debate nacional ha sido inexistente. Los grandes medios apenas han mencionado un asunto de enorme importancia en el que están involucradas grandes firmas jurídicas, que ejercen su influencia bajo la Federación Europea para la Inversión y el Arbitraje (EFILA por sus siglas en ingles). Un think tank creado por los abogados y árbitros internacionales más poderosos de Europa para proteger el sistema ISDS durante las negociaciones del TTIP.

Se estima que el 80% de los costes legales derivados del uso del ISDS acaba en el bolsillo de estos actores jurídicos, que llegan a ganar 3.000 dólares al día, como destapa el último informe acerca de este lobby, “Abogados subvierten el interés público”.

Hacer de la justicia internacional un proceso privado no sólo es un escándalo para la democracia, sino perjudicial para todos los Estados de la Unión Europea y sus contribuyentes, que tendrán que afrontar los costes por los juicios y las compensaciones a las empresas que reclamen perdidas porque los gobiernos electos se han interpuesto en su caminito a el beneficio. Más aún si cabe en España, que en este momento y desde 2011 tiene 15 casos abiertos en los tribunales de arbitraje internacional y que se podrían multiplicar de ser aprobado el TTIP.

Entregarle el poder judicial al sector privado parece no importar a los parlamentarios europeos, que están votando en favor de los intereses del lobby industrial.

Ekaitz Cancela en Twitter: @ecanrog


Cosas que no te contarán sobre el TTIP

Por Pedro Chaves Giraldo. .- El senado de los Estados Unidos aprobó el pasado viernes (22 de mayo) la que se conoce como Trade Promotion Authority, una ley de urgencia que otorga al Presidente Obama poderes especiales para la negociación acelerada de los dos grandes tratados comerciales cuya aprobación cambiará, sin dudarlo, la política mundial: el TTP con Japón y otros países asiáticos y el TTIP con la UE. Mediante esta Ley el Congreso de los Estados Unidos sólo tendrá 60 días para la revisión de los Tratados, cuando estos sean aprobados y sólo podrá votar sí o no al conjunto de los mismos, sin la introducción de enmiendas.

A los observadores les han sorprendido un poco las prisas, de hecho que el senado delibere y vote un viernes es sorprendente. El líder de la minoría republicana en el Senado, de acuerdo con una buena parte de los demócratas ha enfatizado que este es un ejemplo del Nuevo Congreso, trabajando codo con codo por el bien y el progreso de las clases medias estadounidenses.

En un documento publicado este mismo mes por la Oficina del Presidente Obama sobre los beneficios comerciales de los acuerdos económicos[1] se enfatiza este aspecto: estos tratados tienen como objetivo la defensa de los intereses de las clases medias estadounidenses. Y se defienden ideas tan originales como sorprendentes: por ejemplo, que el incremento del comercio tendrá efectos beneficiosos sobre los salarios y derechos laborales porque al aumentar la demanda de productos mejorarán las posibilidades de empleo; o también que tendrá efectos beneficiosos sobre el medio ambiente por parecidas razones: más comercio, más progreso mejores oportunidades para defender el medio ambiente.

Más allá de lo singular de los argumentos, lo destacable es la defensa que estos tratados comerciales tendrán sobre la macroeconomía estableciendo una relación virtuosa que expresa una de las contradicciones más llamativas de los defensores de estos tratados de nueva generación: por una parte afirman que solo se trata de tratados comerciales, por otra sus efectos beneficiosos nos harán a todos/as más libres, prósperos y suponemos que felices.

Martin Wolf el economista jefe de Financial Times[2] reconocía en un reciente artículo los efectos limitados de los acuerdos comerciales (apenas un impacto del 1% en el PIB estadounidense en los próximos diez años) pero defendía ardientemente su firma como una alternativa al fracaso de la Ronda de Doha y dando por hecho que es mejor libre comercio que nada. A continuación ridiculiza el Informe crítico que el profesor Capaldo ha realizado sobre el TTIP argumentando que las cuestiones macroeconómicas y las comerciales son diferentes, por ejemplo los efectos sobre el empleo del libre comercio son variables macroeconómicas que no deben incluirse en el análisis, ¿en qué quedamos?

En realidad, estamos ante acuerdos que van mucho más allá de su posible y discutido impacto económico o comercial. Como vemos los mismos defensores de los acuerdos, incluida la Comisión Europea, reconocen el limitado impacto de la liberalización comercial ¿y entonces?

Cuando se firmen estos dos acuerdos de los que hablamos y sumando el Acuerdo EE.UU, Canadá y  México, los tres juntos implicarán el 90% del PIB mundial y el 75% de los intercambios comerciales. Pensémoslo por un momento: más de dos terceras partes de la economía mundial estarán reguladas por acuerdos que van a limitar aún más la capacidad de los estados para realizar políticas públicas. Es en este punto en el que adquieren toda su importancia los mecanismos de resolución de disputas entre estados e inversores o la cooperación reguladora. En realidad, ninguno de los dos mecanismos es indispensable para la firma de un acuerdo de libre comercio, pero sí lo son para asegurar que la política no interfiere en la “libertad de mercado”. En un mundo globalizado como el nuestro, estas constricciones y reservas a la capacidad de las sociedades para regular aspectos esenciales de sus vidas, implica una perspectiva agónica para la democracia y para las potencialidades reguladoras de las políticas públicas.

No menos de seis informes han puesto de relieve en los últimos cinco años que el incremento de la desigualdad ha aumentado espectacularmente en los últimos veinte años. El último un informe de la OCDE[3] que advierte de que estamos ante la presencia de registros de desigualdad desconocidos en nuestras sociedades.

Así es que la importancia de estos acuerdos comerciales y de sus mecanismos más visibles: los ISDS y la cooperación reguladora, son la auténtica constitución de la globalización. Son la soñada camisa dorada con la que Friedman –y los neoliberales desde entonces- han buscado condicionar la capacidad de la democracia para regular la economía.

Una segunda idea no siempre visible en los análisis sobre el TTIP se refiere a su dimensión estratégica. Como dice sin rodeos Bruce Stokes de la German Marshall Fund de los Estados Unidos: “el objetivo es asegurar que el capitalismo versión occidental permanece como la referencia mundial frente al capitalismo de estado chino”. Más claro imposible.

El mismo Barak Obama ha reiterado la comparación entre el acuerdo comercial con la UE y la alianza diplomática y militar representada por la OTAN. El TTIP como una OTAN económica.

Frente a la pujanza de China y otras naciones emergentes, estos acuerdos comerciales pretenden reconstruir la arena internacional proponiendo una nueva unipolaridad bajo mandato estadounidense. Tenemos aquí una respuesta, no la única, de los Estados Unidos después de sus fracasadas experiencias en Irak: una unipolaridad civilizatoria basada en una economía de mercado, globalizada, neoliberal y con capacidad para imponer sus reglas del juego en todo el planeta.

Estas corrientes de fondo, estas dimensiones estratégicas y estructurales de los acuerdos comerciales, nos ayudan a entender la obstinación con la que se siguen defendiendo propuestas indefendibles –como la de los ISDS- frente a la evidencia de su condición innecesaria y sus evidentes riesgos. Los que llevan décadas impulsando estos acuerdos no van a cejar en el empeño. Nosotros y nosotras, los de abajo, tampoco deberíamos. Nos jugamos mucho más que ellos.

[1] https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/cea_trade_report_final_non-embargoed_v2.pdf

[2]http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0911ea96-f803-11e4-8bd5-00144feab7de.html#axzz3as7FhaQd

[3] http://www.publico.es/economia/diferencias-ricos-y-pobres-cifras.html


El TTIP: no se trata de liberalizar el comercio, se trata de reubicar el poder

Publicado previamente en Eldiario.es

Por Adoración Guamán. .- A lo largo de los últimos meses, la crítica y la movilización social frente al TTIP ha aumentado de manera exponencial, rompiendo el cerco de silencio y secretismo con el que se había rodeado la negociación del Tratado. La Unión Europea, forzada a informar al Parlamento Europeo y con el objetivo de calmar a las cada vez más numerosas voces detractoras del Tratado, ha lanzado un aluvión de información sobre el estado de las negociaciones, siempre con zonas vetadas incluso al acceso del Europarlamento, recubierta por una fuerte campaña mediática. En esta dinámica propagandística, la Comisión Europea se empeña desde hace meses ya no sólo en convencernos de los supuestos efectos beneficiosos del Acuerdo sino también, últimamente, en tranquilizarnos respecto de las consecuencias que su aprobación tendría sobre la población de la Unión Europea.

Mucho se ha escrito hasta ahora sobre el objetivo principal del TTIP, un Tratado llamado de “nueva generación” que en realidad va más allá de la promoción del comercio para convertirse en una vía de recolocación del Poder, en un cambio de lugar de toma de decisiones que afectan a nuestra vida diaria, reduciendo la implicación de la ciudadanía y de sus representantes. Esta subversión de la democracia no es, evidentemente, una dinámica nueva o ajena a la Unión Europea, al contrario, se trata de un objetivo impreso en su ADN, que se ha ido ampliando en las distintas fases de la integración económica Europea. Así, expresando la idea de manera esquemática, puede afirmarse que en la primera de las fases, la de creación del mercado interior, se elevaron competencias estatales en materia económica mientras se iban erosionando los modelos sociales estatales para permitir la eliminación de barreras al libre comercio, fundamentalmente de mercancías y posteriormente de servicios y establecimiento de empresas; en la segunda de las fases, la construcción de la Unión Económica y Monetaria, se redujo la capacidad de los Estados miembros para ejecutar su propio modelo social, con criterios de convergencia que ahogaban las políticas sociales mientras favorecían el poder y la movilidad del capital financiero; en la tercera de las fases, la imposición de la “gobernanza económica”, la excusa de la crisis permitió situar las políticas de austeridad como vector de funcionamiento de la economía de los 28 e incluso ir más allá de lo permitido por el ordenamiento jurídico de la UE para firmar Tratados “al margen” (TECG y MEDE), produciendo un desbordamiento neoliberal de las instituciones de la UE y la imposición autoritaria de medidas antisociales a países como Grecia, Chipre, Irlanda o España.

Pero ni tan siquiera la culminación de la tercera fase, con los niveles de pobreza y desigualdad creados, ha sido suficiente para calmar las exigencias del capital financiero, que reclama una mayor desregulación para facilitar los intercambios comerciales, una mayor protección a los inversores extranjeros y una menor capacidad de intervención de las instituciones democráticas en los Estados miembros. Estas tres exigencias se plasman en lo que puede denominarse la cuarta fase de la integración económica supranacional, ahora orientada a un acuerdo con el peligroso vecino norteamericano. Esta fase se concreta en el TTIP pero también en el CETA (el Tratado UE-Canadá) cuya negociación ha finalizado ya con el acuerdo de ambas partes y que ahora se encuentra en fase de revisión jurídica para pasar a su aprobación en los próximos meses.

El objetivo global de estos acuerdos es profundizar en el aislamiento de aspectos clave de la regulación económica de la influencia de la ciudanía, reconociendo derechos a las multinacionales que son propios de las personas y otorgando a la clase empresarial transnacional un estatus preferencial como sujeto de derechos frente a las necesidades sociales más básicas. Para ello se adopta el esquema de un Tratado de libre comercio pero se integran en su coraza instrumentos que van mucho más allá de la remoción de las ya muy reducidas barreras arancelarias. En concreto, los dos principales peligros que encierra el caballo de Troya del TTIP son: la “cooperación reguladora” y la generación de normas comunes que permitan una mayor protección de los inversores (con mecanismos como el llamado ISDS, investor-to-state dispute settlement). Es particularmente interesante observar la evolución de la postura de la Comisión en ambos temas, que se ha replegado y llenado de cautelas. En esto ha influido enormemente la cantidad de críticas recibidas durante el proceso de consulta sobre el ISDS llevada a cabo entre el 27 de marzo y el 13 de julio de 2014. Como señala el propio informe de la Comisión, una amplia mayoría de las 150 000 respuestas recibidas refleja una oposición generalizada al mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados.

Pero la oposición era algo previsible y a UE lleva años preparándose para superar los posibles escollos que se presentaran durante las negociaciones, a efectos de no volver a ser derrotada por la voluntad popular como ocurrió con la fallida Constitución Europea. Así, esta cuarta fase, este salto cualitativo, viene gestándose desde mucho antes de julio de 2013, fecha en la que formalmente comenzaron las negociaciones bajo el mandato explícito aprobado por el Consejo. De hecho, desde la segunda mitad de la década del 2000, la UE ha seguido la senda de Estados Unidos en una carrera en pos de la firma de acuerdos comerciales bilaterales (ya no multilaterales) con países “desarrollados”.  En concreto, con el documento titulado “Una Europa global: competir en el mundo” de 2006 la Comisión ya avanzó este cambio de rumbo, apostando por la bilateralidad y abandonando totalmente el proteccionismo, con objetivos más amplios que los marcados en el seno de la Organización Mundial del Comercio e identificando a los Estados Unidos y al comercio trasatlántico como “el núcleo central de las relaciones bilaterales de la UE”.

Para poder conseguir ese objetivo la UE ha ido adecuando su entramado institucional para fomentar y facilitar la adopción de estos Acuerdos. Así, con el Tratado de Lisboa (que entró en vigor en el año 2009), se reformó la política comercial común, dotándola de objetivos más extensos, convirtiéndola en uno los pilares de la Acción exterior de la UE, elevando más competencias al ámbito de la UE, afirmándose la obligación de la Comisión de proteger a las inversiones extranjeras… todo ello encaminado a pavimentar el camino hacia los acuerdos bilaterales que hoy están negociándose. En aquél momento, muchos fueron los que alabaron estos cambios puesto que también se ampliaron los poderes del Parlamento Europeo, dándole poder para aprobar o no este tipo de acuerdos. No obstante este pequeño avance es nimio si consideramos los poderes cuasi absolutos de la Comisión y del Consejo y la ampliación de las competencias de la Unión frente a las de los Estados miembros en este tipo de Tratados.

Cuando la democracia estorba al capital nada se está demostrando tan efectivo como elevar las competencias hacia arriba, primero hacia las Instituciones de la Unión Europea y ahora hacia “Comisiones regulatorias” y tribunales de arbitraje ajenos y de espaldas a la voluntad de las mayorías sociales de Europa y de Estados Unidos.


¿Y si el TTIP lo paran en USA?

Publicado en Público.es 

Por Adoración Guamán. .- La Unión Europea está negociando con Estados Unidos un Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) cuya conclusión está considerada como una prioridad política en ambos lados del Atlántico. El Tratado, publicitado como una bendición para la ciudadanía de ambos bloques, con capacidad para crear empleos y crecimiento económico, está sin embargo levantando un rechazo creciente tanto en Europa como en EEUU y una multitud de interrogantes sobre sus reales efectos y posibles consecuencias.

Las razones económicas que se empeña en presentar la Comisión Europea para defender el Tratado han sido cuestionadas por multitud de estudios, mientras, aumenta la preocupación por las repercusiones que el TTIP pueda tener sobre los servicios públicos, los niveles de protección respecto del medio ambiente, los derechos de los trabajadores, el control fitosanitario de los productos de consumo y un largo etc. Distintos movimientos sociales, sindicatos y un amplio número de partidos de la izquierda europea están protagonizando o sumándose a la campaña para frenar la aprobación del Tratado, manteniendo la idea de que el TTIP no es un Tratado de Libre Comercio (TLC) sino un acuerdo para reubicar el poder de toma de decisiones, alejándolo de la ciudadanía y los parlamentos y dejándolo, ya completamente, en manos de los lobbies, los bancos y el capital financiero.

A medida que se va conociendo el contenido de la negociación aumenta entre la ciudadanía de la Unión Europea el sentimiento de rechazo respecto del TTIP. Y es que, frente al secretismo y la falta de transparencia que todavía mantienen respecto de cuestiones cruciales de la negociación, el futuro contenido del Tratado es cada vez más evidente, sobre todo tras la publicación del acuerdo final del CETA (el Tratado UE-Canadá). Este acuerdo, cuya negociación ya ha terminado, entrará en su fase de votación en los próximos meses y se presenta como la base de “mínimos” para el TTIP. De su lectura podemos deducir que las principales amenazas que se vienen denunciando por quienes critican al futuro Tratado parecen ciertas. En efecto, el CETA incluye tanto la “cooperación reguladora” para eliminar las barreras no arancelarias como el mecanismo de protección de los inversores (el llamado ISDS, investor-to-state dispute settlement). Ambas cuestiones implican, como se ha denunciado en numerosas ocasiones, una subversión de los procedimientos de toma de decisiones por los órganos de representación de la voluntad popular y un cuestionamiento de la capacidad jueces y tribunales para aplicar la ley a los inversores extranjeros.

De manera similar, al otro lado del Atlántico las distintas voces críticas se están multiplicando, no sólo contra el TTIP sino en particular contra el TPP (Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica) que se está negociando entre USA y once países (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malaysia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam). Entre estas voces disidentes destaca la de Elizabeth Warren, Senadora demócrata que mantiene una cruzada contra los distintos tratados de libre comercio que está negociando USA. La Senadora ha alzado la voz contra el ISDS, acusándolo de ser un mecanismo para disminuir la soberanía de los Estados Unidos, ha criticado las consecuencias que el TPP puede ocasionar a la economía estadounidense, ha señalado la falta de transparencia de las negociaciones y ha sacado a la palestra las nefastas consecuencias que la NAFTA (Tratado de libre comercio entre USA-Canadá-México) ha acabado generando. Más aun, la Senadora ha conseguido ganarle la primera batalla a Obama en el Senado respecto del llamado “Fast-Track”.

Como puede observarse, la crítica de esta Senadora demócrata reviste una especial importancia. Los tratados de libre comercio, en particular el TTP y el TTIP son una de las piezas fundamentales de la política económica de Obama. Para la conclusión de estos Tratados, el Presidente necesita una “Autorización para la Promoción del Comercio” (TPA también conocida como “Fast Track) que debe aprobar el Congreso. Se trata de una autorización para negociar Tratados de libre comercio que permitiría al Presidente conseguir su aprobación por un procedimiento rápido, según el cual el Congreso tomaría en consideración el Tratado según la propuesta de la Casa Blanca, con un debate limitado y sin posibilidad de enmiendas, para aprobarlo o no con una votación por mayoría simple. Este procedimiento que limita el poder de decisión de la cámara de representantes no es extraño, una particular imitación del mismo fue introducida por el Tratado de Lisboa (que entró en vigor en 2009) y que abrió la puerta al Parlamento Europeo para participar, sin posibilidad de enmendar la propuesta de la Comisión y mediante una votación por mayoría simple, en el procedimiento de aprobación de Tratados de Libre Comercio por la Unión Europea.

Siguiendo con el conocido como “Fast-Track” que tanto preocupa a Obama, cabe señalar que durante más de treinta años, el Congreso de los Estados Unidos ha concedido la autorización al Presidente, siendo la vía habitual para aprobar los distintos TLC que se han ido adoptando. La última autorización aprobada fue solicitada en el año 2001 por George W. Bush y fue aprobada por un voto de diferencia, bajo su paraguas y hasta el año 2007 se aprobaron TLCs con países como Chile, Singapure, Australia, Marruecos, República Dominicana, distintos países de Centro América, Colombia, Panamá…

La aprobación del TPP y del TTIP, además de otros Tratados, necesita de una nueva autorización que debe ser aprobada por las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Diversos senadores demócratas, entre los que se destaca la Senadora Warren, habían manifestado su oposición tanto a los Tratados como a esta autorización y consiguieron el resultado esperado. La primera derrota de Obama llegaba el pasado martes día 12, cuando la autorización era rechazada por el Senado gracias a los votos de los senadores demócratas. Todos los compañeros de partido de Obama menos uno se pronunciaron en contra de su Presidente que obtuvo únicamente el apoyo de la bancada republicana.

Los efectos de este rechazo para la aprobación de los dos mega-tratados que hoy se están negociando pueden ser vitales. Para muchos, la victoria de la postura defendida, entre otros, por la Senadora Warren deja a los acuerdos de comercio con el Pacífico y con la UE en estado comatoso. Probablemente esta opinión sea exagerada aunque la importancia de que diversos representantes demócratas mantengan la oposición a estos Tratados, con argumentos similares a los que se están manteniendo en Europa respecto de cuestiones tan fundamentales como el ISDS sea innegable. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el problema del TTIP no es sólo este mecanismo de arbitraje sino el Tratado en sí mismo y el resto de su contenido, en particular la llamada “convergencia reguladora” y las posibles consecuencias que pueda tener la promoción del libre comercio en, por ejemplo, los derechos laborales o medio-ambientales. En efecto, el dumping social o la competencia entre diversos estados mediante la reducción de normativas protectoras de derechos no derivan directamente de estos mecanismos sino de la propia integración económica supranacional realizada sin criterios suficientes de protección de los derechos de las personas frente a la primacía de los derechos de los factores económicos. Más aun, el problema que nos plantea el TTIP, y el CETA, trapasa las consecuencias particulares sobre los derechos sociales y medioambientales porque, en realidad, con estos tratados lo que se va a producir es una disociación completa entre ciudadanía y poder político. Por ello, la cuestión no es tanto preguntarse cuáles son las consecuencias concretas de la aprobación del TTIP sobre cada una de nosotras, que también, sino cómo hemos llegado a una situación en la que la Unión Europea puede llegar a aprobar un Tratado como este. Y ese problema no se soluciona con un NO que provenga del otro lado del Atlántico.


A modo de presentación: el ABC del TTIP

Por Adoración Guamán. .- Es ya bien sabido que la Unión Europea está negociando un Tratado de Libre Comercio e Inversión con Estados Unidos de América. Este Tratado, conocido como TTIP será, según afirman sus negociadores, el “acuerdo comercial más importante jamás negociado” y configurará el área de libre comercio más grande del mundo. Pero los objetivos de esta asociación transatlántica no se agotan aquí. Al contrario, el TTIP se orienta hacia metas mucho más ambiciosas, y bastante menos publicitadas, tanto en el plano económico como en el político.

En efecto, el Tratado que se está negociando pretende ir más allá de la mera eliminación de los aranceles respecto del comercio de mercancías entre las dos potencias. De hecho, la tasa media de los aranceles entre la UE y EEUU de los productos industriales está en ambas regiones sobre un 2,8% y en las importaciones agrícolas en un 3,9% y en un 2.6% en la UE y en USA, por lo que la posibilidad de que una mayor reducción de estos escasos aranceles produzca beneficios económicos es evidentemente baja. Los principales objetivos son por tanto otros, que sobrepasan con mucho la tradicional eliminación de las barreras arancelarias.

En primer lugar, el TTIP persigue la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio y a la inversión. Por barrera no arancelaria (BNA) debemos entender tanto normas legales como procedimientos administrativos derivados de una decisión de un órgano de gobierno. Entre las BNA podemos situar elementos como las regulaciones sanitarias, de seguridad, medioambientales, laborales, las cuotas a la importación, diversas ayudas estatales, que sean consideradas como elementos que distorsionan las libertades de circulación económicas y la libre competencia entre las empresas. En segundo lugar, el TTIP incluye como uno de sus elementos fundamentales un mecanismo de “cooperación reguladora”. Derivando para otras entradas un desarrollo más elaborado de la cuestión, cabe señalar que el TTIP considera que estas “regulaciones”, en otras palabras, estas leyes o normas democráticamente adoptadas, pueden obstaculizar el comercio. En el caso de que esta obstaculización se produzca, el Tratado plantea un “mecanismo de cooperación reguladora” orientado a simplificar o armonizar, es decir, modificar, estas normas. También se indica como opción el principio de “reconocimiento mutuo” que implicaría la no aplicación de las normas imperantes en una de las partes del Tratado a los productos fabricados en la otra. Como puede observarse, se trata de un mecanismo y no una medida, es decir, de la configuración de un organismo “vivo” que funcionará usurpando la función normativa que antes recaía en otras instancias.  El tercero de los pilares que dan forma al TTIP es el ISDS o sistema de arbitraje, un mecanismo que está elevando multitud de críticas. El objetivo del ISDS es proteger al inversor extranjero frente a una supuesta posible actuación irregular del poder judicial estatal. Para evitar posibles “abusos” se permite al inversor extranjero utilizar mecanismo de solución de controversias alternativos a los jueces, es decir, se le permite demandar al Estado en el que ha invertido ante un tribunal de arbitraje internacional en lugar de acudir a los jueces nacionales. Son muchas las voces que se están elevando contra el TTIP a ambos lados del Atlántico, señalándolo como un golpe a la soberanía de los Estados.

De manera paralela a estos objetivos, en cuarto lugar y en un plano ya geoestratégico, no puede dejar de señalarse que este “Tratado de Nueva Generación” pretende configurar un bloque internacional capaz de establecer, e imponer, los estándares comerciales internacionales a otras potencias emergentes.

Los objetivos anteriores, excepto el último aspecto geopolítico, venían claramente explicitados en documentos adoptados mucho antes del comienzo oficial de las negociaciones, que tuvo lugar en junio de 2013 con el mandato formal del  Consejo a la Comisión Europea. Tras este momento, la negociación actual del TTIP se está desarrollando a través de diversas “rondas”, en las que las dos partes negociadoras plantean sus posturas y se evoluciona en las distintas concesiones. La delegación de la UE se conforma por 30 funcionarios de la Comisión Europea, cuyo jefe de negociación es un español, Ignacio García Becero y bajo la dirección de la Comisaria de Comercio, la sueca Cecilia Malmström, aunque quien comenzó las negociaciones fue su antecesor; la contraparte, Estados Unidos, negocia a través de una delegación de tamaño similar, vinculada a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), con dependencia directa de la Casa Blanca. La conclusión de las negociaciones, previsto inicialmente para finales de 2015, no es predecible. Tanto la contestación popular como el surgimiento de nuevos obstáculos en ambos lados del Atlántico parecen apuntar a un alargamiento del proceso de la negociación.

Cabe señalar por último que desmontar el TTIP no era, hasta hace unos meses, una tarea fácil, puesto que el contenido, las posturas de cada parte y la evolución de la negociación se ha mantenido largo tiempo en secreto. Sin embargo, la Unión Europea no ha podido retrasar por más tiempo la publicitación de, al menos, parte del contenido de las negociaciones por dos motivos fundamentales: la movilización y crítica social creciente y el (pequeño) papel que el Parlamento Europeo va a tener en la aprobación del Tratado. Así, es posible ir siguiendo la evolución de la negociación, aun de manera parcial, a través de los documentos que va publicitando la Comisión. No obstante, para saber el contenido futuro del TTIP, es de mucha mayor utilidad analizar el CETA (Tratado UE-Canadá) cuya negociación ya ha acabado y que está en fase de aprobación. Será precisamente este tratado una de las bases fundamentales que, en las próximas entradas, utilizaremos para desgranar el contenido del TTIP, avisando que, como siempre en la Unión Europea, las cosas pueden ir a peor…


Estrategias de resistencia

Por Adoración Guamán. .- La negociación del TTIP ha llegado a su novena ronda, cerrada el 24 de abril y, como señalábamos en entregas anteriores, la evolución de la postura de la UE demuestra que la Comisión Europea se ha colocado a la defensiva. Si bien este giro es una buena señal, demuestra que el miedo al fracaso se instala en el otro bando, estamos muy lejos todavía de ganar la batalla contra el TTIP y a punto de perder la resistencia frente al CETA.

Más allá del análisis crítico de su contenido, objeto de la entrega anterior y fundamental para conseguir la movilización frente a ambos Tratados, es necesario analizar los distintos escenarios en los que puede desarrollarse la aprobación de estos Acuerdos así como las posibles vías de resistencia. Evidentemente, el mejor de los escenarios posibles es conseguir una reacción popular tal que obligue a la Comisión, presionada por los Gobiernos de los Estados miembros, a la paralización de las negociaciones y a una retirada del proyecto (no es una propuesta disparatada pues como es bien sabido así se paralizó la adopción del AMI). En el caso de no conseguir esta paralización, y si las negociaciones finalizan con acuerdo, se abren distintos escenarios, unos más halagüeños que otros. El peor de los escenarios posibles es una aprobación del acuerdo por votación por mayoría simple en el Europarlamento y por mayoría cualificada en el Consejo, en este caso parece claro que con el apoyo de la derecha y de los grandes estados que están impulsando las negociaciones, en particular Alemania, la aprobación del Tratado saldría adelante. El siguiente escenario es una aprobación por el Parlamento europeo por mayoría simple y una posterior en el Consejo pero con la exigencia de la unanimidad, en este caso la posición de Grecia podría darnos alguna esperanza para el rechazo del Tratado. Por último, el tercer escenario, y el mejor, es aquel que sobre el supuesto anterior añade la exigencia de una aprobación por los Estados miembros, ya sea mediante el voto favorable de sus Parlamentos ya sea, donde así se decidiera, por la convocatoria de referéndums. Sin duda, la apertura de la votación al ámbito de los 28 sería la peor pesadilla para el TTIP y para el CETA.

Para analizar la posibilidad de llegar a este último escenario es necesario echar una mirada al marco normativo actual. La reforma del Tratado de Lisboa (que entró en vigor en el año 2009) allanó el camino para la adopción de estos Acuerdos por varias vías. Por un lado, con aquella reforma se “clarificó” la división de competencias, ampliando al máximo las de la Unión Europea, es decir, confirmando que los aspectos fundamentales del comercio exterior se encuadran en las competencias exclusivas de la UE. En esta ampliación se incluye la protección de la “inversión extranjera directa” y por tanto el establecimiento de mecanismos para establecer esta protección como el criticado ISDS. Como es evidente, con esta modificación se pretendía reducir el número de posibles “acuerdos mixtos”, en los que se requiera la participación de los Estados miembros. Por otro lado, el Tratado de Lisboa amplió el número de materias en las que el Consejo debe votar por mayoría cualificada, que se extienden a la práctica totalidad de las cuestiones relativas a la política comercial, con una serie de excepciones relativas a “áreas sensibles”, como son, entre otras, el comercio de servicios culturales y audiovisuales, cuando dichos acuerdos puedan perjudicar a la diversidad cultural y lingüística de la Unión o el comercio de servicios sociales, educativos y sanitarios, cuando dichos acuerdos puedan perturbar gravemente la organización nacional de dichos servicios y perjudicar a la responsabilidad de los Estados miembros en la prestación de los mismos. En tercer lugar, el Tratado de Lisboa reconoció un papel al Parlamento Europeo, con vistas a dotar de una suerte de “legitimidad” al proceso de adopción de estos acuerdos, si bien situándolo como siempre en un rol menor. Así, es necesario señalar que el protagonismo absoluto en el conjunto de la negociación, y de la aprobación, descansa en el Consejo, que aprueba el mandato de negociación, y en la Comisión, que lleva el peso de la misma y que debe informar al Parlamento del desarrollo de las negociaciones. De hecho, esta información se está produciendo pero las cautelas son tales que de facto la afirmada transparencia queda desvirtuada. Por añadidura, sólo se está teniendo acceso a los documentos de base de la negociación y a las posturas negociadoras de la UE en cada ronda pero en ningún caso se conocen las exigencias que está planteando Estados Unidos, lo que minimiza la importancia y la utilidad del ejercicio de transparencia simulada que está haciendo la Comisión. Más allá de la negociación, la cuestión de la aprobación es uno de los puntos más discutidos y que deberemos pelear en el plano jurídico/político. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una vez se cierran las negociaciones la Comisión propone el Tratado al Consejo, que sólo podrá aprobarlo tras un pronunciamiento favorable del Parlamento Europeo, en una votación donde basta la mayoría simple y donde tiene vetada la presentación de enmiendas. Posteriormente el Consejo votará por mayoría cualificada o, como hemos visto, por unanimidad si se tocan una serie de materias. De esta manera, para colocarnos en el segundo escenario, y apostar por que Grecia paralice el TTIP, sería imprescindible forzar el voto por unanimidad en el Consejo alegando la posibilidad de que el Tratado perturbe gravemente la organización estatal de determinados servicios públicos, lo cual es más que probable.

Más allá de esta situación, nos interesa de manera especial el tercero de los escenarios, es decir, que se considere el TTIP (y el CETA) como un acuerdo mixto y que no quede otro remedio que permitir de los Estados miembros. Para ello hay que demostrar que el Tratado incluye materias que son competencia de los Estados miembros, una idea que empieza a extenderse como demuestra la carta que enviaron los presidentes de las Comisiones de Asuntos de la UE de 16 parlamentos nacionales, el español no está entre ellos, exigiendo que el texto se aprobara en los Estados miembros.

Evidentemente, las reticencias para que esto se produzca son enormes, a nadie se le olvida lo que sucede cuando se les pregunta a los Estados miembros sobre cuestiones relativas a Tratados de la UE. Los dos “no” de Irlanda, el de Francia y el de Holanda siguen siendo una espina clavada en los intereses de la UE. En concreto, en el caso español y si se llegara a aceptar el carácter mixto del acuerdo, en el mejor de los casos nos veríamos inmersas en un proceso de referéndum (cabe recordar que en el último referéndum, cuando nos preguntaron sobre la “Constitución Europea” el porcentaje de apoyo al proyecto de la UE fue del 76%). Cabría sin embargo, y dependerá del gobierno de turno, la aprobación directa por el Parlamento, en este caso la solución vendrá ligada a la futura relación de fuerzas y al peso de la izquierda transformadora contraria al TTIP.

En cualquiera de los dos casos es evidente que la movilización social será fundamental para decantar la balanza. En este sentido, y sólo en este, debemos ver el TTIP como una oportunidad para relanzar el movimiento de resistencia global frente a la amenaza que suponen estos Tratados. Las mayorías sociales de los Estados miembros de la UE soportarán, como las de Estados Unidos, unas consecuencias en la misma línea que las ya padecidas por el pueblo Mexicano tras la aprobación de la NAFTA. Ante la amenaza generalizada es por tanto necesario retornar a las estrategias de resistencia global, retomando la idea lanzada aquél 1 de enero de 1994, cuando desde Lacandona se nos avisaba ya de las devastadoras consecuencias que, para todas, tendría la aprobación de los Tratados de libre comercio.


IU denuncia el empeño de la Comisión Europea en mantener la legitimidad de los tribunales de arbitraje en las negociaciones del TTIP con EEUU

Bruselas, 6 de mayo de 2015.- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha criticado el hecho de que la Comisión Europea siga contemplando mantener la figura de los tribunales de arbitraje entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés) en las negociaciones con EEUU para la firma del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), tal y como ha confirmado en un informe la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström.

En dicho documento, presentado esta tarde en la comisión de Comercio Internacional  a los eurodiputados, la comisaria reconoce que este tipo de tribunales privados -que llevan las demandas de las empresas contra los países que han firmado acuerdos comerciales como el TTIP cuando creen que sus inversiones están amenazadas- están despertando la preocupación de los Estados por “las limitaciones potenciales al derecho de los gobiernos a legislar en el interés de la ciudadanía”. Asimismo, habla de forma general de algunos casos – como pueden ser los de Ecuador y México – en los que se han producido abusos por parte de las multinacionales.

Pese a ello, Malmström pone como ejemplo el funcionamiento de los ISDS en los acuerdos comerciales de la UE con Canadá (CETA) y en el Tratado de Libre Comercio con Singapur, y desarrolla en varios puntos determinados mecanismos que podrían servir, según su visión, para reformar la concepción de los tribunales de arbitraje.

En concreto, propone aspectos como la creación de un organismo de apelación,  evitar que las empresas puedan denunciar a los Estados en los tribunales ordinarios y en los ISDS al mismo tiempo, o la creación de un tribunal multilateral permanente, que regule cualquier reclamación en el marco de los diferentes acuerdos bilaterales de los que la Unión Europea es signataria.

“Dotar de cierta transparencia a una institución injusta no hace que esta adquiera legitimidad, particularmente cuando la propia comisaria Malström alerta en su documento de que este procedimiento ha sido responsable de casos tan injustos como el de Chevron contra Ecuador, en el que la empresa estadounidense se niega a pagar la multa impuesta por la justicia ecuatoriana tras destruir la riqueza natural del país”, ha advertido Albiol.

Para la portavoz de IU, las soluciones dadas por la comisaria no cambian el hecho de que “las multinacionales sólo responderán a una serie de normas decididas de espaldas a la ciudadanía y que están pensadas para ajustarse a sus intereses” y por eso sostiene que la propuesta de Malmström “revela que el objetivo final que persigue la Comisión Europea es el mismo que el que persiguen las grandes multinacionales: un gran mercado mundial en el que los capitales puedan campar a sus anchas sin tener en cuenta  los derechos de las personas”.

 


Alberto Garzón señala que el TTIP se está haciendo de espaldas a la ciudadanía

23 de abril de 2015


Marina Albiol y Alberto Garzón: << TTIP, poderoso caballero >>

20 de Abril de 2015 – Fuente: publico.es.- Las empresas multinacionales realizaban en 2012 dos tercios del comercio mundial de bienes y servicios[1]. Para estas grandes corporaciones, los derechos sociales conquistados en algunos de los países en que operan son un obstáculo que quieren barrer con la colaboración de los gobiernos de EEUU y de la Unión Europea. Y el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) es el instrumento que blanden en esta cruzada del santo grial del beneficio privado. La expresión de los versos de Quevedo se hace universal: “y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don Dinero”.

Compañías como Exxon Mobile, General Motors, Chevron, General Electric, Gazprom o China National Petroleum, tienen presupuestos superiores a los de las economías de muchos países. De hecho, si hiciésemos una lista de las 100 economías mayores del mundo, más de un tercio de esa clasificación estaría ocupada por empresas

Una gran parte de ellas radica en Estados Unidos o en países de la Unión Europea y luchan a muerte por su cuota de mercado, destruyendo a su paso los derechos sociales y el medio ambiente. Todo sacrificio es poco para colmar el altar de la tasa de ganancia.

El llamado “libre comercio” es una necesidad de la economía capitalista. Pero lo que es bueno para ellos no lo es para nosotros, pues “la mano que mueve el mercado” hace tiempo que dejó de ser invisible. Es muy visible y pretende siempre moverlo en beneficio de las grandes empresas. Utilizar la palabra “libre” para aplicarla a las normas de comercio que pretende el TTIP expresa todo el cinismo de las élites económicas y políticas del sistema capitalista. Precisamente es todo lo contrario. Quieren recortar la libertad para imponer sus normas con la protección de los estados. Así, en su juego, los gobiernos de los distintos países no deben tener la obligación de garantizar los derechos de sus trabajadores o consumidores cuando entran en conflicto con los intereses privados de las multinacionales, sino todo lo contrario. Deberán garantizar frente a cualquier derecho el máximo beneficio privado y barrer todo obstáculo, ya sea social, económico, político, de salud o medioambiental

Son significativas algunas de las afirmaciones que se están lanzando para justificar la necesidad del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversiones que negocian la UE y EEUU. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo ha dicho, por ejemplo, que “las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas condiciones para instalarse en un país. Por su parte, un lobista de Chevron ha afirmado que no es posible que pequeños países se la jueguen a grandes empresas”.

Porque aunque ahora intenten adornar el tratado con promesas de generación de crecimiento económico y empleo -eso sí, basadas en informes financiados por Deustche Bank, Banco Santander y Citigroup, entre otras-, lo cierto es que la UE nunca ha escondido el verdadero objetivo de este acuerdo, que no es otro que proteger a los inversores tanto en Europa como en EEUU.

De hecho, el documento que contiene las directrices del Consejo de la Unión Europea para la negociación deja bien claro que uno de los propósitos fundamentales de las negociaciones sobre inversión consistirá en negociar disposiciones sobre liberalización y protección de las inversiones para ofrecer el nivel más elevado posible de protección y seguridad jurídica para los inversores europeos en EEUU, establecer la promoción de las normas europeas de protección que incrementen el atractivo de Europa como destino de la inversión extranjera y ofrecer unas condiciones equitativas para los inversores en EEUU y la UE

Mejor lo explicó Karel de Gutch, comisario de Comercio cuando empezaron las negociaciones, quien dejó claro que “el objetivo del TTIP  es eliminar normativas a ambos lados del Atlántico para que las empresas puedan operar libremente”. Se trata, por tanto, de que no haya obstáculos ni trabas para que las empresas accedan a los mercados o para la inversión

¿Y cuáles son estas trabas y estos obstáculos? Es una traba para las empresas energéticas legislaciones que protegen nuestro medio ambiente e impiden la práctica del fracking; la sanidad pública es un obstáculo para las empresas que se dedican a la sanidad privada; el sistema público de pensiones es un inconveniente para los bancos que se dedican a los planes de pensiones privados; los controles sanitarios son una dificultad para la entrada carne tratada con hormonas

Resumiendo, la democracia es un problema -hasta esta nuestra que es de baja intensidad-, es un estorbo que sean los gobiernos los que marquen las normas y las leyes en vez de ser las multinacionales. Sobre todo si estos no son gobiernos “amigos”. Pero la solución a sus problemas viene de la mano del TTIP, y tanto conservadores, como socialdemócratas o liberales, están dispuestos a que el tratado vea la luz lo más pronto posible.

El tratado UE-EEUU no lo está negociando en realidad una comisión negociadora de la UE con otra de EEUU. Lo están negociando las dos comisiones con las multinacionales, para que el acuerdo se adapte bien a sus necesidades y sus inversiones estén bien protegidas.

Y de qué deben protegerse las multinacionales? Deben protegerse de gobiernos que antepongan los derechos establecidos a los intereses de las grandes empresas, de gobiernos que legislen pensando en el pueblo, en sus derechos, en el medio ambiente y no en los beneficios de unas multinacionales voraces.

Con la firma del TTIP quieren imposibilitar que se puedan hacer políticas de izquierdas, aunque la izquierda gane en las urnas. Quieren dejarlo todo atado y bien atado, para que aunque haya cambio en los gobiernos en la práctica todo continúe igual.

Arbitraje privado (ISDS)

Y uno de los instrumentos que van a incluir en el TTIP para asegurarse de que gobierne quien gobierne el poder esté más arriba. Son los tribunales de arbitraje privados, el mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), que permite a las multinacionales denunciar a los estados por legislaciones que puedan perturbar sus beneficios, presentes o futuros. Es decir, una multinacional podrá demandar a un Estado por normativas o leyes que dicte un gobierno democráticamente elegido en las urnas, si considera que éstas le pueden llevar no ya a una pérdida sino a una merma de sus potenciales beneficios

De esta manera, aquellas administraciones que no se plieguen a los deseos de los magnates mundiales se verán expuestas a demandas multimillonarias a las que difícilmente podrán hacer frente. Y recordemos que esto no es una utopía de los grandes accionistas, este tipo de tribunales privados que se sitúan por encima de los sistemas jurídicos nacionales ya existen en el marco de otros tratados comerciales. De hecho, son ya muchos los estados que están teniendo que hacer frente a estas demandas por leyes antitabaco, por restricciones a la energía nuclear, o por proteger espacios naturales, medidas que las multinacionales entendieron como un perjuicio para sus potenciales ganancias.

El mandato negociador de la UE es claro al respecto “el Acuerdo debe tener como objetivo prever un mecanismo eficaz y vanguardista de solución de diferencias entre inversores y estados”. Y añade: “todas las autoridades y entidades de nivel inferior al central (como estados federados o municipios) deben cumplir efectivamente el capítulo de protección de inversiones de este Acuerdo”. Es decir, que también comunidades autónomas y ayuntamientos se van a ver condicionados por el TTIP.

Incluir el ISDS en el TTIP supone cerrar las puertas a cualquier por conseguir que la soberanía resida en manos de los pueblos. Por tanto hay que entender este Tratado como el intento de las élites económicas de blindarse frente a futuros cambios políticos y económicos que se puedan estar gestando. No se trata de un enfrentamiento territorial de EEUU contra Europa, no es que EEUU quiera arrasar con nuestros derechos. El enfrentamiento es de las multinacionales de ambos lados del Atlántico contra los ciudadanos y ciudadanas de Europa y EEUU. Lo que hay encima de la mesa es un paso más, un paso de gigante esta vez, de los poderosos para continuar enriqueciéndose a costa de la miseria de millones de personas en el mundo.

La globalización capitalista ha producido una concentración del capital como nunca antes se había dado. La perspectiva establecida por la economía marxista se ha visto confirmada de una manera rotunda. No cabe discusión sobre este punto. Vivimos una polarización del control de los recursos del planeta y de la riqueza que los sitúa cada vez en menos manos, mientras en el otro polo, la miseria y la pobreza crecen sin cesar. El TTIP pretende ser un instrumento en este camino abierto por la voracidad de las multinacionales.

Y la única manera que tenemos de combatirlo es con nuestra arma más poderosa, la unidad de los trabajadores y trabajadoras, la lucha común de los pueblos. Y por eso estamos llamadas a organizarnos, salir a la calle y movilizarnos. La próxima cita, este sábado 18 de abril.

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[1] La mitad de estos intercambios corresponden al comercio intrafirmas, entre la casa matriz y sus filiales y estos no responden a una lógica de mercado sino que se practican a “precios de transferencia” que tienen la ventaja de localizar los beneficios en aquellos territorios donde la imposición sobre los beneficios es menor. Observatorio Multinacionales de América Latina (OMAL) 2013.
 

Cayo Lara advierte de que el TTIP que negocian la UE y EE.UU supone un “grave peligro” porque “busca acabar con los derechos sociales y laborales” en favor de los intereses de las multinacionales

Izquierda Unida ha mostrado hoy públicamente su “absoluto rechazo” al Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) que negocian desde hace meses sin ningún tipo de información pública altos responsables la Unión Europea (UE) y EE.UU. Lo ha hecho a través de la amplia representación de militantes y dirigentes tanto en la manifestación ‘NO al TTIP’ convocada en Madrid -, como en las que han tenido lugar en el resto del Estado con motivo del ‘Día de Acción Global’ organizado para tal fin.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, encabezó la nutrida representación de esta formación con un cortejo propio en la marcha madrileña entre la Plaza de Neptuno y la Puerta del Sol, a la que también asistieron, entre otros, la responsable federal de Programas, Marga Ferré; la secretaria federal de Comunicación, Clara Alonso, o la eurodiputada y portavoz de IU en el Parlamento europeo, Marina Albiol.

En declaraciones a los medios, Lara denunció el “secretismo” con el que se está negociando este acuerdo y el “grave peligro” que supone su implantación para “acabar con derechos sociales y laborales que tanto ha costado conquistar en beneficio de los intereses de las grandes multinacionales”.

El máximo responsable de IU advirtió que de salir adelante este acuerdo con los objetivos que se han planteado sus promotores supondrá una “involución absoluta”, ya que se persigue “desregular por completo esos derechos sociales, laborales, económicos y medioambientales, entre otros” para que sean las grandes empresas “las que condicionen las políticas económicas de los Estados, y no al revés”, además de suponer gravísimos problemas para muchos sectores, entre ellos el agrícola “que recibirá un palo de muerte”.

Cayo Lara recalcó que este tratado es “absolutamente negativo para los intereses de nuestro país” y exigió que se pueda dar “un gran debate nacional sobre este asunto, con luz y taquígrafos, para que todo el mundo sepa a qué atenerse y pueda responderlo con contundencia democrática”.

Durante el trayecto, los manifestantes corearon lemas como ‘Este tratado lo vamos a parar’, ‘No es un tratado, es un golpe de Estado’ y pudieron verse pancartas como la que encabezaba la marcha, en la que se leía ‘Las personas y el planeta no somos mercancía’.


Izquierda Unida se vuelca para mostrar su “absoluto rechazo” al TTIP

Además, IU impulsa la campaña informativa que dirige a la ciudadanía con un argumentario concreto y la edición de un periódico de ocho páginas que incluye artículos de fondo y una explicación pormenorizada para advertir de las ’10 amenazas’ que supone la implantación del Tratado de Libre Comercio e Inversiones que negocian la Unión Europea y Estados Unidos

Izquierda Unida Federal y todas las federaciones que la componen se vuelca para mostrar su “absoluto rechazo” al Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) que desde junio de 2013 negocian con absoluto secretismo destacados responsables de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos.

La campaña puesta en marcha hace meses por esta organización recibe ahora su impulso definitivo coincidiendo con el ‘Día de Acción Global’ que se celebra mañana sábado, día 18, a nivel internacional y, en el Estado español, con múltiples actuaciones en distintos puntos del mismo.

Izquierda Unida, como miembro desde el primer momento de la campaña europea contraria a la firma del TTIP, así como a la ratificación del tratado del mismo signo ya firmado con Canadá, “se adhiere al llamamiento a las concentraciones, manifestaciones y otros actos descentralizados de este ‘Día de Acción Global’ contra el TTIP, el CETA, el TISA y otros tratados de libre comercio e inversiones”.

De la misma forma, IU hace un “firme llamamiento a la participación de la sociedad española en esta importante movilización para que, de forma democrática y cívica, exteriorice su rechazo y total desprecio a un acuerdo que, sumado a otros, persigue establecer un gran mercado trasatlántico de más de 800 millones de personas que consagraría el dominio de las grandes corporaciones transnacionales europeas y norteamericanas en detrimento de la ciudadanía”.

En este contexto, Izquierda Unida va a complementar a partir de ahora su campaña de movilizaciones y actos con un esfuerzo explicativo y de pedagogía para que la ciudadanía conozca de forma detallada, con un lenguaje sencillo, el alcance que para su vida diaria tendrá la aprobación del TTPI y cuáles son las razones que esgrime esta formación para rechazarlo.

Para ello, además de incrementar su trabajo a nivel de redes sociales, IU ha elaborado un argumentario explicativo muy concreto sobre esta materia, además de crear un pequeño periódico de ocho páginas con explicaciones y artículos de fondo elaborados tanto por dirigentes de esta formación que han trabajado el tema a nivel interno e institucional, como por expertos en sectores concretos que se ven amenazados por la futura implantación del tratado.

Este trabajo incluye una explicación pormenorizada de las ’10 amenazas del TTIP’ que advierte de su alcance concreto.


IU, Syriza, PCP y Die Linke llaman a la ciudadanía a participar en las marchas contra el TTIP para “defender la democracia” y el “futuro de nuestras sociedades” 

“La izquierda europea, junto a los sindicatos y a los movimientos sociales, tenemos que movilizarnos este sábado y participar en las manifestaciones que habrá en numerosas ciudades de Europa para frenar un tratado con el que las grandes empresas y los poderes económicos pretenden dejarlo todo bien amarrado para impedir que los gobiernos puedan hacer políticas para la mayoría”, ha dicho Albiol.

La eurodiputada de IU, que ha organizado dos días de debate y análisis sobre el TTIP en Valencia con los otros eurodiputados del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), ha alertado de la necesidad de hacer del TTIP uno de los asuntos clave de “la agenda pública” y la campaña electoral porque “cuanto más se hable de los peligros que conlleva para la clase trabajadora, para el medio ambiente o para los servicios públicos, más se generará un posicionamiento” de la ciudadanía “en contra” que logrará que los partidos que lo apoyan, “PP, PSOE, CIU, Ciudadanos, UPyD y PNV”, y sus respectivos grupos europeos -conservadores socialdemócratas y liberales-, “empiecen a preocuparse”.

“Este acuerdo pone en peligro nuestro futuro, y la oportunidad de construir nuestras vidas estará comprometida por el interés de las grandes industrias y de las élites económicos”, ha dicho Scholz, para quien el TTIP encarna en sí mismo “un peligro para el concepto de democracia”.

Viegas, que ha apelado al espíritu de la movilización y la lucha popular en 1998 que terminó tumbando el Acuerdo de Inversiones, ha explicado que el TTIP “quiere anular los intereses de los estados” porque “pone en riesgo todo un modelo de sociedad”. “Por eso decimos que en este tratado se oponen dos modelos de sociedad. por un lado el neoliberal, al servicio de las grandes empresas, y por otro el modelo que defendemos nosotros basado en la soberanía y el respeto de los estados, de una economía al servicio del desarrollo. Hoy estamos aquí, pero estaremos donde sea necesario para decir no al TTIP”, ha dicho.

Kouloglou, por su parte, ha relatado cómo Grecia está viviendo “las consecuencias de las ideas que están detrás del TTIP” porque “los mercados y los beneficios se ponen por delante de bienestar de los ciudadanos”. “Por eso tenemos una catástrofe humanitaria”, ha afirmado.

“Además, también vivimos una catástrofe en términos de democracia, porque estamos sufriendo y viendo lo que pasa cuando son las prioridades económicas las que están por delante”, ha añadido. “En Grecia tenemos un nuevo Gobierno que quiere aplicar un nuevo programa, sin embargo, nos están pidiendo que no lo hagamos y que adoptemos otro programa que va en contra de los intereses del pueblo. “Si hay elecciones y no se respeta a los gobiernos, entonces, ¿para qué hay elecciones?”, se ha preguntado.

Blanco, en el mismo sentido de Albiol, ha lamentado que los otros partidos no “estén queriendo tratar y debatir sobre el TTIP” durante la campaña electoral y ha detallado cómo afectaría el acuerdo al País Valencià: “Es una amenaza para los trabajadores,  para nuestra salud, para el medio ambiente por el empleo de  técnicas como el fracking, para nuestro entorno natural, para nuestra agricultura. Pero también para el sector económico, porque nuestro tejido productivo está formado por pequeñas y medianas empresas que no podrán competir con las multinacionales”.

Por ultimo, Pablo Jiménez, miembro del Área de Medio Ambiente de IU, ha explicado cómo “al eliminarse las barreras arancelarias y rebajarse los estándares y las normativas medioambientales de la UE”, se verán afectadas “la biodiversidad y la seguridad alimentaria, a la vez que se acelerará el cambio climático”.


El PIE se manifestó en Bruselas en el día de acción global contra el TTIP, CETA y TISA

El Partido de la Izquierda Europea, que celebra este fin de semana su Comité Ejecutivo en Bruselas, participó con todos sus miembros en la manifestación que tuvo lugar ayer en la capital belga contra el TTIP, CETA y TISA. Lo hicieron portando una manifestación con el lema “Por la democracia, los servicios públicos y sociales, Stop TTIP”. Esta manifestación, en la ciudad sede de la Comisión Europea, formó parte de las 734 actividades organizadas en  46 países en los 5 continentes.

Decenas de miles de personas han salido a las calles en todos los rincones del planeta para decir no a estos tratados de libre comercios hechos al servicio de los lobbies que atentan contra con los derechos laborales, sociales y hasta contra la soberanía de los países.  Si se aprobaran, los intereses de las poderosas corporaciones transnacionales quedarían por encima de los gobiernos nacionales, como ya ha denunciado reiteradamente el PIE.

El PIE, y sus partidos miembros, tienen en marcha una campaña contra el TTIP, CETA y TISA, desde los inicios de estas negociaciones que comenzaron a gestarse de espalda a los pueblos, explicando las terribles consecuencias de este tratado. También respaldaron la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) contra estos tratados de libre comercio y denunció el rechazo de dicha iniciativa realizado por la Comisión Europea en septiembre de 2014.

El PIE ya participó en la anterior movilización mundial realizada el pasado 11 de octubre, ha realizado actos de divulgación y debate y ha emitido diversos comunicados denunciando estos tratados que supondrían aún una mayor desregulación laboral, además de pérdida de puestos de trabajo la agricultura, la ganadería y las pequeñas y medianas industrias europeas. También flexibilizaría la protección ambiental y la seguridad alimentaria, entre otras cosas

El partido de la Izquierda Europa seguirá trabajando hasta conseguir que se paren definitivamente las negociaciones.


Marina Albiol enumera las razones por las que la Izquierda Europea critica y rechaza el TTIP

27 de feb. de 2015.- Intervención de Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida, en la comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo acerca de la opinión sobre las Recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión


Nuet expone los peligros del TTIP a la comisaria de Comercio y le reclama transparencia en las negociaciones con EEUU

“No son capaces de concretar ni de explicar cómo el tratado creará puestos de trabajo; son promesas vanas “, constata el coordinador de EUiA y portavoz de Exteriores de la Izquierda Plural El coordinador general de EUiA y portavoz de Exteriores del grupo de la Izquierda Plural en el Congreso, Joan Josep Nuet, ha advertido este miércoles en la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, que el tratado de libre comercio que actualmente está negociando con los EEUU, el TTIP, amenaza los estándares laborales, medioambientales y sanitarios del continente.

Así se lo ha trasladado Nuet a la comisaria en una reunión que han mantenido durante la visita que el parlamentario está realizando este martes y este miércoles en la capital de la UE. La respuesta de Malmström, ha lamentado Nuet, ha sido una defensa de un tratado que, según ella, generará puestos de trabajo. “Es una promesa vana”, ha constatado el coordinador de EUiA, que ha manifestado que “seguimos muy preocupados” “y por tanto seguiremos atentos”.Por ello, Nuet ha reclamado a la comisaria que acabe con la opacidad que contamina las negociaciones.
Nuet ha reunido con la comisaria Malmström y, también, con el jefe del equipo de la UE que negocia el TTIP, Ignacio García Bercero, esta mañana en Bruselas en el marco de una visita que está realizando en la capital de la UE. Nuet también tiene previsto reunirse con el comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, así como con el jefe de gabinete del comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.
Asimismo, Nuet visitará el Parlamento Europeo para encontrarse con eurodiputados de la Izquierda Plural.En la reunión con Malmström y García Becerro, Nuet les ha trasladado las preocupaciones que expresan las campañas ciudadanas que hay en toda Europa, también en Cataluña, contra el TTIP y que cuentan con el apoyo del Partido de la Izquierda Europea. “Les hemos expuesto de forma clara las dudas que hay sobre el tratado de libre comercio con los EEUU: los peligros de rebaja de los estándares laborales; los peligros de cara a la seguridad de los trabajadores, el tema de contratos, el tema de los salarios; y también los peligros en materia de seguridad alimentaria; tanto sobre los cultivos como su transformación industrial “, ha explicado el coordinador de EUiA. “No hay la suficiente transparencia para saber de forma exacta qué es lo que se está negociando”
La respuesta de Malmström y García Becerro, según ha relatado Nuet, ha sido la insistencia en las pretendidas bondades del TTIP.“De entrada hay una defensa cerrada por parte de ellos que el tratado traerá puestos de trabajo y que no rebajará los estándares, pero no hay la suficiente transparencia para saber de forma exacta qué es lo que se está negociando y discutiendo”, ha lamentado Nuet, que ha añadido que “no son capaces de concretar ni de explicar cómo el tratado creará estos puestos de trabajo; es una promesa vana”.
Por ello, ha manifestado Nuet, “seguimos muy preocupados; pensamos que hay una negociación real de los estándares a la baja, y la protección europea en temas de normativas laborales, de seguridad alimentaria, y de temas medioambientales verse reducida a partir de esta negociación”. “Ya sabemos que hace mucho tiempo que, en Europa y en los EEUU, la falta de normativas, la desregularización y la liberalización, lo único que ha hecho es hundir empresas; especialmente pequeñas y medianas empresas “, ha recordado el portavoz de Exteriores de la Izquierda Plural en el Congreso que, por ello, ha insistido en reclamar transparencia en las negociaciones, muchas veces secretas, entre la UE y los EEUU.

Vallina censura que el Parlamento obvie las denuncias sobre inmigración, las puertas giratorias o el TTIP en su versión del informe de la Defensora del Pueblo

Estrasburgo, 15 de enero de 2015.-La eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina ha criticado que el Parlamento, en la versión que ha elaborado del informe de la Defensora del Pueblo, haya eliminado las denuncias que esta incluía sobre vulneración de los derechos fundamentales, las puertas giratorias y la opacidad de las negociaciones con EEUU por el TTIP.

En una intervención durante el pleno de Estrasburgo, Vallina ha comenzado felicitando a la Defensora por su Informe de Actividades, texto que después es revisado en la Eurocámara y en base al cual un ponente ha elaborado el documento a debate este  jueves. Esta segunda versión, sin embargo, es “claramente insatisfactoria” ha dicho la eurodiputada de IU, para quien lo que se ha intentado es “maquillar la realidad” o “directamente obviarla”.

Vallina ha puesto como primer ejemplo las advertencias que hacía sobre las puertas giratorias la Defensora del Pueblo. “Es uno de los asuntos destacados por su número altísimo”, dijo. “Por cierto, en España, gracias a PP y PSOE, sabemos de esto un rato. Sin embargo, preferimos ignorarlo. ¿Por qué a muchos les produce alergia y prefieren obviarlo cuando la misma Defensora lo aborda?”, preguntó.

A continuación, la eurodiputada de IU se refirió a las denuncias sobre “la vulneración de derechos fundamentales que se está llevando a cabo por parte de FRONTEX”. “Se está pasando de puntillas sobre una investigación a iniciativa propia de la Defensora – denunció-, mientras que se entierra con bonitas palabras una cruda realidad que miles de personas, especialmente inmigrantes sin otra solución que jugarse la vida a la puerta de nuestras fronteras, sufren en sus carnes. ¿Por qué nos ponemos de nuevo este velo de hipocresía?”.

Vallina habló por último de las negociaciones del TTIP con EEUU y de las críticas acerca de la opacidad con la que la Comisión Europea está tratando la materia.  “Echo de menos que se denuncie públicamente que la negociación del TTIP sea una de las más vergonzantes de la Historia de la UE”, dijo, antes de remarcar en tono irónico que quizá al ponente que ha elaborado la versión del informe de la Defensora del Pueblo “le parezca normal que la negociación de un acuerdo de esta magnitud, que sin duda nos empobrecerá más, se lleve a cabo como en los peores tiempos de guerra”.

Vallina lamentó también que en dicho documento no se mencionen las consecuencias de los recortes que denuncia la Defensora del Pueblo. “No es casualidad que la mayoría de las quejas vengan a parar a la Comisión. Barroso o Juncker, da igual como la llamemos, porque al final son lo mismo. El eje del mal”, dijo, antes de pedir que se tengan en cuenta las enmiendas que desde la Izquierda Plural y el GUE/NGL se han presentado.

VÍDEO DE LA INTERVENCIÓN:


Albiol y Nuet alertan sobre los peligros del TTIP y reclaman al PSOE que deje de apoyar su ratificación junto al PP

Bruselas, 8 de diciembre de 2014.-La portavoz de la delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, y el diputado Joan Josep Nuet, han  alertado sobre el peligro que tendría para el Estado español y para la Unión Europea la aprobación del Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) que negocian la Comisión Europea y Estados Unidos, al tiempo que han reclamado a los socialistas que retiren su respaldo al proyecto si, tal y como asegura su secretario general, Pedro Sánchez, apuestan por un cambio en la política económica.

“El PSOE se ha mostrado últimamente crítico con el Artículo 135 de La Constitución”, que reformó con la ayuda del PP y CiU sin consultar a la ciudadanía, “pero es acrítico con el TTIP. Es incompatible cuestionar el artículo 135 de la Constitución y seguir apostando por el TTIP, porque el tratado consolida las políticas de austeridad y recorte”, dijo Nuet, que se encuentra de visita en Bruselas para participar en un seminario sobre el tratado que ha organizado Albiol, que sirve de antesala a una jornada que el Grupo confederal de la Izquierda Unitaria Europea (GUE) celebrará el martes y en la que ambos participarán.

Albiol explicó que el objetivo del encuentro sobre el TTIP, en el que participan dirigentes y militantes de IU, además de plataformas ciudadanas y sindicatos, es “formarnos, debatir y sobre todo organizarnos para que, con el trabajo de movimientos sociales y organizaciones políticas, este tratado, que nos pone a los pies de las multinacionales, no vea la luz”.

La eurodiputada de IU denunció la opacidad de las negociaciones, en las que “la Comisión Europea está haciendo de correa de transmisión de las grandes empresas”, y los efectos negativos que tendrá sobre el mercado del trabajo. “Según un último estudio, se calcula que se destruirán 600.000 puestos de trabajo entre la UE y EEUU. Es una ataque al empleo y al crecimiento económico”, dijo Albiol.

Nuet, por su parte, expuso las distintas iniciativas que el grupo de la Izquierda Plural está llevando a cabo en el Congreso de los diputados y anunció la convocatoria de unas jornadas parlamentarias “abiertas a la ciudadanía y a las que invitaremos a todos los grupos para discutir sobre el TTIP”.

Además, el coordinador de Esquerra Unida i Alternativa auguró que si “ahora hay entre 30 y 40 diputados” contrarios a la ratificación del TTIP, tras las elecciones generales de 2015 “habrá cientos”, lo que marcaría la ruptura de la mayoría absoluta del PP.

Por último, Albiol volvió a referirse al PSOE y, más en concreto, a Pedro Sánchez, al que recriminó que los socialdemócratas no hayan apoyado en Bruselas que se abra una comisión de investigación contra el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por el escándalo de los LuxLeaks.

“Han vuelto a salvar a Juncker oponiéndose a la comisión de investigación propuesta por Los Verdes y el GUE, así que desde aquí quiero mandarle un mensaje a Pedro Sánchez: si tanto niega esa gran coalición entre el PP y el PSOE, podría empezar por Europa, donde gobiernan juntos socialdemócratas y conservadores, donde siguen apoyando a Juncker y, como ya hemos visto, donde también apoyan el TTIP”.

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IU: “EEUU no ratifica hasta 70 convenios de la OIT, así que no van a convencer a los trabajadores europeos de las supuestas ventajas del TTIP”

Bruselas, 3 de diciembre de 2014.- La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López defendió el martes en la comisión de Empleo que el Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) no va a ser beneficioso para la creación de puestos de trabajo ni va a mejorar las condiciones laborales, sino todo lo contrario, y que los trabajadores europeos y los estadounidenses no van a creer en las promesas de la Unión Europea.

“Insisten en presentarnos el acuerdo comercial como beneficioso para el empleo y las condiciones laborales pero no van a convencer a los trabajadores estadounidenses, que recuerdan aún los efectos del NAFTA [un millón de puestos de trabajo perdidos], ni a los trabajadores europeos, que saben que sus garantías no bastan para impedir una carrera a la baja de los estándares laborales”, dijo López.

La eurodiputada explicó que mientras “ustedes nos dicen que va a haber un reconocimiento claro de los derechos laborales por parte de EEUU”, la realidad actual indica que Washington no reconoce “múltiples convenios de la OIT, entre los que están la inspección de trabajo, la libertad sindical, la discriminación laboral, la negociación colectiva y así hasta 70”.

Por todo ello, López lanzó una pregunta: “Si carece de importancia esta ratificación de los convenios de la OIT, ¿por qué no instan a EEUU a que los firmen? Si ya es difícil que los Estados miembro cumplan los convenios ratificados, qué es lo que va a suceder con las cláusulas laborales del TTIP?”.

La falta de un órgano de control democrático sobre el TTIP fue otro de los puntos en los que incidió López. No sólo porque los Parlamentos de cada Estado de la UE no estén siendo informados convenientemente de qué se está negociando en cada momento, porque ni siquiera los eurodiputados tienen un acceso total al contenido del proyecto o porque la figura de los tribunales arbitrales pone en peligro la soberanía e independencia de la Justicia  de cada país, sino porque además, no se prevé que al menos una vez firmado, si se llega a firmar, haya una revisión permanente de las cláusulas.

¿Son conscientes de que en ausencia de órganos democráticos que permitan la revisión permanente del Tratado, de su negociación hasta después de su firma y de sindicatos organizados de manera transcontinental las garantías laborales que ustedes nos venden son poca cosa frente a la consolidación de una red transnacional de producción e inversiones que inevitablemente da fuerza a las multinacionales frente al trabajo organizado?, inquirió López.

Por último, la europarlamentaria se refirió también a la situación de desventaja en la que se encuentran los trabajadores europeos de los sectores más afectados por la crisis o menos competitivos si se comparan con la industria estadounidense. López pidió explicaciones de por qué se insiste “en utilizar modelos económicos que minimizan los efectos sobre la demanda de los empleos perdidos” en dichos sectores y advirtió que en un entorno inflacionista como el actual, será imposible que los “cientos de miles de despedidos encuentren trabajo en otros sectores”.

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“El tratado con EEUU permitirá un tsunami de privatizaciones”

IU organiza un seminario en Bruselas para advertir sobre los peligros laborales, medioambientales y sociales del polémico acuerdo. “No es EEUU contra Europa: son las multinacionales de la UE y de EEUU contra sus clases trabajadoras”

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL .- Bruselas 09/12/2014 .- Bruselas dice que no hay nada que ocultar, pero guarda los documentos sobre el Tratado de Libre Comercio con EEUU en una habitación bajo llave a la que sólo pueden acceder siete eurodiputados, y en la que no pueden entrar con cámaras o teléfonos móviles. Después de más de un año haciendo oídos sordos a las críticas sobre la opacidad de las negociaciones, la Comisión Europea ha dejado de obviar la existencia de este borrador de acuerdo, para pasar a defender discretamente las supuestas ventajas del tratado.

“El silencio es su gran aliado y que no haya silencio sobre el TTIP es nuestra gran ventaja”, asegura Marga Ferré, secretaria de Programas de Izquierda Unida (IU). Este lunes, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, la formación ha celebrado un seminario para concienciar sobre los peligros del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que la UE y EEUU negocian sigilosamente, mientras crece el rechazo de organizaciones sociales, sindicatos y fuerzas políticas al polémico acuerdo, que todavía resulta casi desconocido para los españoles.

El mandato negociador de la Comisión Europea ha sido secreto durante año y medio, la influencia de los lobbistas en las negociaciones ha quedado más constatada, y Bruselas sigue mostrándose completamente incapaz de aportar argumentos contundentes que justifiquen su apoyo al acuerdo. Para ello, se remiten una y otra vez a las cifras más optimistas de un estudio elaborado en 2013, pero ignoran otras como las que aporta una reciente investigación de la Universidad de Massachusetts, que alerta de la posible destrucción de hasta 600.000 empleos a ambos lados del Atlántico con el TTIP.

Sindicatos, organizaciones sociales y varios representantes de IU han subrayado también el riesgo de que el tratado se convierta en una suerte de marco regulatorio internacional al que quedarían supeditados los estados. Esto, por no hablar del mecanismo de protección de inversiones (ISDS) que incorpora el TTIP -contra el que hoy se pronuncia el PSOE, que antes lo apoyó-, y que permitirá a las empresas inversoras demandar a los estados por cifras millonarias si estos efectúan cambios regulatorios que a juicio de las corporaciones puedan perjudicar sus inversiones. Las empresas demandarán ante tribunales arbitrales, y no ante las justicias nacionales, alimentando el lucrativo negocio del arbitraje internacional, controlado por unas pocas empresas estadounidenses y europeas.

Grosso modo, los participantes en este foro ven el TTIP como una herramienta al servicio del imperialismo, el caballo de Troya de las empresas para imponer regulaciones más laxas, recortar más derechos a los trabajadores y obtener más beneficios, con peligros para el medio ambiente, el sector público o el alimenticio. “El tratado con EEUU permitirá un tsunami de privatizaciones”, vaticina Ferré.

En esta línea, y mientras CCOO opta por marcar líneas rojas que permitan renegociar el acuerdo, la CGT, ATTAC, Ecologistas en Acción e IU optan por dar portazo a la iniciativa. Creen que explicar la verdadera naturaleza del TTIP servirá para que la ciudadanía se rebele contra el acuerdo, logrando así que el tratado nunca vea la luz.

La europarlamentaria de IU Marina Albiol ha sido la encargada de organizar las charlas de este lunes, que sirven como toma de contacto para el seminario que celebra este martes el grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/ NGL) – el que se incluyen fuerzas como IU o Podemos-, con el que intentarán explicar las verdaderas repercusiones de este acuerdo.

“El objetivo es crear redes, favorecer el contacto entre las organizaciones sociales que trabajan contra el TTIP a ambos lados del Atlántico”, explica la eurodiputada. Como ya alertó hace unas semanas a este diario, Albiol sostiene que el acuerdo pondrá a la ciudadanía a los pies de las multinacionales si finalmente es ratificado. “No es EEUU contra Europa: son las multinacionales de la UE y de EEUU contra sus clases trabajadoras”.

Referéndum sobre el tratado

Como hiciera IU ante el Congreso de los Diputados en mayo de este año, Marga Ferré ha abogado este lunes por la celebración de un referéndum para que los españoles se pronuncien sobre el tratado. Washington y Bruselas cerraron recientemente la séptima ronda de reuniones sobre el acuerdo, que empezó a negociarse formalmente a mediados de 2013.

Incluso en el caso de que conservadores, socialistas y liberales logren su ratificación, esta no se producirá antes de finales de 2015 o principios de 2016 como pronto, para lo que deberá pasar por la Eurocámara y por los parlamentos de los distintos estados, y deberá ser ratificado o rechazado en su fase final, sin que sea posible presentar enmiendas.

En una rueda de prensa celebrada durante la mañana de este lunes, el eurodiputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet también se ha mostrado optimista con respecto a las posibilidades de paralizar el avance del tratado. Nuet recuerda que el acuerdo deberá pasar por el Congreso de los Diputados, y asegura que tras las elecciones de noviembre de 2015 esta cámara habrá sido renovada, por lo que existirán posibilidades reales de que España rechace el TTIP.


El regalo de cumpleaños de Juncker: un millón de firmas contra los tratados comerciales

La Izquierda Unitaria Europea felicita al presidente del Ejecutivo comunitario llevando las rúbricas a la sede de la institución en Bruselas, para mostrar su rechazo a los acuerdos con EEUU y Canadá de los que se beneficiarán las multinacionales

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL .- Bruselas .- 09/12/2014 .- La Izquierda Unitaria Europea ha dado un nuevo toque de atención al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. Este martes, el político conservador celebra su sesenta cumpleaños, y los europarlamentarios del GUE/NGL han decidido regalarle de forma simbólica el millón de firmas de ciudadanos europeos y norteamericanos recabadas por la Plataforma Stop TTIP, para frenar los tratados de libre comercio con EEUU y Canadá —TTIP y CETA, respectivamente—.

En un plaza ubicada frente a la sede de la Comisión, cerca de 150 personas se han concentrado pasada la una de la tarde de este martes entre globos y serpentinas, junto a un hombre trajeado ataviado con una careta de Juncker. “Escúchenos, señor Juncker, no queremos el TTIP ni el CETA”, le espetaba Susan George, una de las caras más conocidas de la lucha contra el tratado entre Bruselas y Washington. La presidenta del think tank Transnational Institute en Ámsterdam ha lanzado este mensaje al presidente de la Comisión, para después asegurar que no dejarán de trabajar hasta parar el acuerdo. “Estás obligado a escuchar, y nuestras voces se escucharán cada vez más altas”, asegura.

“Estás obligado a escuchar, y nuestras voces se escucharán cada vez más altas”, han espetado los manifestantes a un Juncker ficticioLos concentrados han lamentado la ausencia de interés del verdadero Juncker por los problemas de los ciudadanos y su cercanía a los lobbies, a apenas 200 metros del enorme cartel que cubre la fachada de la sede de la Comisión en Bruselas, en el que lucen los rostros del presidente y de sus comisarios —entre ellos Miguel Arias Cañete—, bajo los que figura el mensaje “un nuevo comienzo para Europa”.

Después de cantar su particular versión del cumpleaños feliz, cargada de referencias a los tratados, George y el portavoz de la Plataforma, Michael Efler, han puesto rumbo a la sede de la Comisión para entregar las firmas. Más de 320 ONGs, sindicatos y fuerzas políticas de 24 países impulsaron hace dos meses su recogida, y hoy ya cuentan con más de 1.001.500 apoyos—la mayoría recabados por internet— a su Iniciativa Ciudadana Europea Autoorganizada, contra los tratados, similar a la que presentaron en septiembre ante la CE, que ni siquiera permitió que fuera registrada. La justificación fue que la iniciativa “está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión”, tal y como aseguró en su día la institución.

El grupo parlamentario en el que se integran Podemos e IU es probablemente el más crítico con Juncker, que en su día se vio obligado a dimitir de su cargo como primer ministro de Luxemburgo por un escándalo de espionaje, y que ya apoyaba estas polémicas alianzas comerciales antes de sentarse en el sillón de presidente de la Comisión.

Para llevar a cabo la protesta, los europarlamentarios han aprovechado una pausa en las conferencias celebradas este martes en la capital belga contra los tratados TTIP, CETA y TISA, organizadas por el GUE/NGL. Decenas de eurodiputados y expertos de ambos lados del Atlántico han querido tomar parte en este encuentro, en el que han denunciado la opacidad con la que se negocian estos tratados, la pérdida de soberanía que supondría su aprobación para los estados y el excesivo peso de las multinacionales en las negociaciones.

En líneas generales, todos los participantes en las jornadas niegan que estas alianzas puedan generar los beneficios económicos que vende Bruselas. Por contra, aseguran que un acuerdo como el TTIP significará una mayor degradación de las condiciones laborales, destruirá cientos de miles de puestos de trabajo y dará alas a las multinacionales inversoras para denunciar a los estados frente a tribunales arbitrales privados, controlados por un puñado de empresas que obtienen beneficios millonarios.


31 ciudades del Estado español se sumaron a otras 300 europeas el 11 de octubre contra el Tratado de Libre Comercio e Inversión (TTIP)

La Campaña #NoalTTIP  presentaron las diferentes manifestaciones contra el Tratado de Libre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés), entre los Estados Unidos y la Unión Europea; contra el fracking, y contra los acuerdos sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), y el Acuerdo Global Económico y Comercial (CETA, por sus siglas en inglés) entre Canadá y la Unión Europea. Las manifestaciones se encuadran en los actos programados con motivo del Día de Acción Europeo contra el TTIP, el CETA, el TISA y la Agenda Corporativa de Libre Cambio 

Póster-EL-against-TTIP


TTIPNOLlamamiento para un día de acción europeo, multisectorial y descentralizado contra el TTIP, el CETA, el TISA y la agenda corporativa de libre cambio.

¡ RECLAMEMOS LA DEMOCRACIA !  ¡ HAGAMOS RETROCEDER EL PODER DE LAS MULTINACIONALES !  ¡ LAS PERSONAS Y EL PLANETA ANTES QUE EL BENEFICIO !

La sociedad civil, los sindicatos, los agricultores y los grupos de activistas de base de Europa llaman a un día de acción con el objetivo de parar el TTIP, el CETA, el TISA y otros tratados de libre comercio que están siendo negociados actualmente, y para promover políticas comerciales alternativas que contemplen como prioritarios los derechos de las personas, la democracia y el medio ambiente.

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EEUU (TTIP en sus siglas en inglés), y el Tratado Económico y Comercial Integral entre la UE Y Canadá (CETA en sus siglas en inglés ), son los ejemplos más destacados de cómo el comercio y las inversiones se están negociando antidemocráticamente y en interés único de las grandes corporaciones multinacionales.

La información disponible para la opinión pública es mínima, al contrario de lo que sucede con los lobbies corporativos.

Si estos tratados salen adelante, las grandes empresas multinacionales tendrán derechos exclusivos para demandar a los gobiernos ante tribunales de arbitraje privados, que serán independientes de los sistemas legislativos nacionales y europeos. Además, dichos tratados reducirán los estándares vigentes de salud y seguridad como consecuencia de la armonización normativa transatlántica, y socavarán la autoridad de los gobiernos nacionales y locales para prevenir prácticas nocivas, como el fracking o el uso de transgénicos. Los servicios públicos esenciales se verán reducidos, cuando no privatizados, y los derechos sociales y laborales gravemente empeorados.

Estas políticas están ligadas al desmantelamiento de los modelos sociales actuales, y presionan hacia una privatización de los servicios públicos esenciales en nombre de la austeridad, la crisis y la supuesta necesidad de incrementar la competitividad.

El día de acción visualizará públicamente nuestro desacuerdo en las calles de Europa. Llevaremos el debate sobre las citadas políticas a la ciudadanía, a la cual, tanto la Comisión como los gobiernos europeos, pretenden mantener ausente de este proceso, y haremos campaña de nuestras alternativas sobre políticas económicas distintas.

Mostramos nuestra solidaridad con las personas de todo mundo que comparten nuestras preocupaciones por el medioambiente, la democracia y los derechos humanos y sociales.

Pararemos el TTIP, el CETA, el TISA y otros tratados similares a través de la energía con la que los ciudadanos y las ciudadanas de Europa, Canadá y EEUU pongan para hacer oír sus voces.

Invitamos a individuos, organizaciones y coaliciones de todo tipo a participar, realizando acciones descentralizadas y autónomas en toda Europa. Damos la bienvenida a las diversas acciones solidarias del resto del mundo que ayuden a informar e involucrarse en movilizaciones locales.


IU ya solicitó en el Senado que el Tratado de Libre Comercio EU – EE. UU se someta a referéndum


Más información:

http://noalttip.blogspot.com.es/

http://www.pafta.eu/ES/


 

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