angelavallina300x185La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó el pasado martes el informe elaborado por la eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina sobre las peticiones recibidas durante el año 2015. La parlamentaria se ha mostrado “satisfecha” por el resultado de la votación, pero ha cargado contra el Partido Popular Europeo “que junto con parte de los Conservadores y Reformistas y la extrema derecha, han demostrado, una vez más, su nulo interés por mejorar y aumentar el nivel de democracia participativa que existe en la UE”. El texto será sometido a la votación definitiva el próximo 15 de diciembre en el Pleno.

“Podemos estar satisfechos por el resultado de la votación y creo que después de todos los debates y negociaciones, tenemos un informe serio y progresista en términos generales”, dijo Vallina.

La eurodiputada de IU señaló como uno de los temas más importantes el hecho de que el texto “critique las políticas de austeridad de la UE y la falta de soluciones ante la crisis financiera”, unas soluciones “que puedan garantizar que los europeos y las europeas vivan de forma digna”. Asimismo, “expresa su preocupación por el incremento de racismo y la xenofobia en la UE”.

Por otro lado, en un punto que afectaría directamente al Estado español, el informe de Vallina subraya la resolución aprobada por la Eurocámara en octubre de 2015 sobre la ley hipotecaria en la que se daban una serie de recomendaciones específicas sobre los abusos de los bancos.

En este sentido, el texto aprobado hace un llamamiento a la Comisión Europea para que “supervise estrechamente la implementación en todos los Estados miembros de la Directiva 2014/17/UE sobre contratos crediticios y la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos”. Ambas son normativas clave que se violaron en el Estado español durante los años de la burbuja inmobiliaria, tal y como han puesto de relieve las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El informe también critica el modo en que la Comisión Europea afronta las peticiones, acusando a la institución comunitaria de estar más centrada en poner barreras procedimentales a los peticionarios que en solucionar los problemas de fondo que estos están presentando.

“La Comisión Europea, cuando contesta a los peticionarios, suele limitar el acceso a los procedimientos de infracción abiertos y cada vez aumenta más las ya existentes barreras administrativas sobre la Iniciativa Ciudadana Europea”, explicó Vallina.

Pone el acento, por tanto, en la necesidad de promover una democracia más participativa en el tratamiento de las peticiones que llegan a la Eurocámara y en lo adecuado de involucrar a otras comisiones parlamentarias, así como poner en marcha diálogos estructurados con los Estados miembros, de manera que las demandas de los peticionarios sean tratadas con una mayor profundidad.

“Se ha demostrado que mejorar y facilitar la participación” de los ciudadanos y ciudadanas de la UE “no es una prioridad para el PPE”, lo cual choca, criticó Vallina,  “con su aparente preocupación y alarmismo de los últimos tiempos por los populismos y los nacionalismos en Europa”.

“Es complicado que la ciudadanía se sienta más cerca de Bruselas si sólo encuentra trabas y más aún si hablamos de la comisión del Parlamento que está creada para atender sus quejas”, sentenció.